Las claves del juicio por el caso Mascarillas: Luceño, Medina, unas comisiones millonarias y el ‘primo guapo’ de Almeida

Tras ocho sesiones en la Audiencia Provincial de Madrid, el juicio por el Caso Mascarillas, en el que están acusados los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, ha quedado visto para sentencia. El jueves se celebró la última de las sesiones, en la que los dos acusados no usaron su derecho a la última palabra y sus defensas solicitaron su absolución.

En el mismo día, las acusaciones populares, PSOE y Más Madrid, expusieron sus conclusiones finales. La letrada del PSOE llegó a plantear posibles acciones legales contra los procesados por incurrir en contradicciones en la vista oral y para que se investiguen igualmente delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Por su parte, el fiscal reafirmó las penas de nueve y 15 años de prisión que se proponen por los delitos que se les imputan: estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad documental y delito fiscal. Además, añadió la inhabilitación para ejercer el comercio durante el tiempo que dure la condena.

En el informe presentado, el fiscal enfatizó que se han demostrado todos los hechos por los cuales se les imputa, y que la evidencia respalda cada uno de los elementos del delito.

Cronología de los hechos

Según los diferentes relatos, durante la pandemia, ambos vieron una oportunidad en el negocio de las mascarillas. Luceño era el que tenía contacto con una empresa malaya que a su vez contactaba con las fábricas de material sanitario. Él y Medina se conocían de haber coincidido en diferentes empresas, pero nunca llegaron a cerrar ningún negocio hasta este.

Medina tenía una profesora que conocía a Carlos Martínez-Almeida Morales, el ‘primo guapo’ de Almeida, y la contactó asegurándole que podía conseguirle mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid. Martínez-Almeida declaró que Medina se presentó como alguien con “experiencia textil y con China, y que podía obtener material de protección, en concreto mascarillas, y que estaba interesado en poder ayudar al Ayuntamiento de Madrid”.

Con Medina solo mantuvo un par de cortas llamadas, según su versión, en las que simplemente les facilitó un mail genérico del Ayuntamiento. Y ya no supo nada más ni tuvo ningún contacto más con los empresarios, aseguró.

Entonces, Elena Collado, la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, se puso en contacto con los empresarios y mantuvo diferentes conversaciones con Luceño para llegar a un acuerdo para la compra de material sanitario.

Según el empresario, él y Collado solo tuvieron el papel de intermediarios y no tenían potestad de decidir qué precio se pactaba. “Yo propongo lo que dice el vendedor y ella lo que dice el comprador”.

La venta de las mascarillas se llevó a cabo y Luceño consiguió una comisión de 5,1 millones de euros y Medina de un millón, pagados por el Ayuntamiento de Madrid. Esta es la razón por la que se ha llevado a cabo el juicio, en el que han sido acusados de estafar al Consistorio de la capital.

¿Quién fijó las comisiones?

En sus interrogatorios, Luceño y Medina dieron una versión en la que aseguraron que ellos no fijaron estas comisiones. Según el primero, fue la empresa malaya Leno la que fijó todos los precios. Medina dio una versión parecida, en la que explicó que “no se conocían las comisiones antes de la venta” y que “dependía de si al final había negocio”.

“Las comisiones, hasta que no se completaban ventas, no se podían saber”, defendió, y se desligó de los negocios realizados por Luceño, al asegurar que él en ningún momento contactó con la empresa de Malasia. Preguntado sobre cómo se fijó el precio de la comisión, su respuesta fue: “Eso se lo tiene que preguntar a Luceño, yo no lo sé”.

Por su parte, Collado, como testigo, aseguró que ambos acusados le dijeron “personalmente” que no cobrarían comisiones por la operación de compraventa de material sanitario.

El fraude que persigue Hacienda

Durante el juicio, otro de los testigos clave ha sido una inspectora de Hacienda que en sus declaraciones confirmó que Luceño incurrió en fraude fiscal, ya que según la investigación que llevó a cabo creó una sociedad para simular que esta prestó unos servicios que no realizó en realidad, con la intención de tributar menos.

Vieron irregularidades porque, en resumen, “creó una nueva sociedad con la finalidad de reducir su tributación al 15%”, en lugar del 43% que le correspondería. En concreto, Hacienda detectó tres irregularidades: la realización de registros contables en una sociedad (Takamaka) que todavía no estaba constituida; la creación de cuatro facturas en julio de 2020 en concepto de prestación de servicio y comisiones cobradas sin que la empresa Takamaka realizara ninguna operación; y el envío de una transferencia de fondos procedentes de la empresa Leno (de Malasia) en favor de Takamaka que, en realidad, procedían de la cuenta personal de Luceño.

“La comisión (de los contratos con el Ayuntamiento) se cobra íntegramente en las cuentas de Luceño, y dos meses después comienza a constituir una sociedad” ha dicho la inspectora, que ha dejado claro que ese empresario “simula la sociedad que presta esos servicios con una intencionalidad muy clara, que es reducir la tributación”.