Horas de demora y un hospital sin UCI pediátrica: la denuncia de unos padres a la sanidad extremeña por la muerte de su hijo: “No queremos que se repita”

Como a cualquier otra pareja, a Beatriz y Alberto, dos jóvenes extremeños, la llegada de su hijo les despertaba miedos e incertidumbre. Pero en su caso, el reto fue mayor porque el bebé —Gabriel— nació prematuro, a las 29 semanas de gestación, por lo que sus pulmones no estaban complemente desarrollados y pasó sus primeros dos meses de vida en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Una vez en casa, Gabriel podía respirar por su cuenta, pero al cabo de unos días una infección respiratoria hizo que el bebé tuviera que ingresar de nuevo en el hospital y, al recibir el alta, los médicos proporcionaron a los padres un aparato de ayuda respiratoria por si necesitaba oxígeno. Sin embargo, el 14 de marzo de 2024, tras “un cúmulo de despropósitos y esperar casi dos horas” a la asistencia sanitaria, Gabriel falleció.

Aquel día, a las 12:00 horas, el aparato de ayuda respiratoria “dejó de funcionar”, por lo que la abuela del niño llamó al Servicio de Emergencias 112, alertando de que el bebé, que se encontraba con su madre, no reaccionaba. Pese a esta situación crítica, denuncian desde la Asociación El Defensor del Paciente, los sanitarios les comunicaron que eran los familiares quienes debían trasladar al bebé al Hospital de Tierra de Barros en Almendralejo, Badajoz, “cuando, en realidad, la situación requería que enviaran una UVI móvil con facultativo”. Al cabo de un rato, los sanitarios cambiaron de opinión y les dijeron que enviarían a su casa a la pediatra del centro de salud, “pero nunca apareció, y solo enviaron una ambulancia con dos técnicos de emergencias sanitarias y sin oxígeno, que llegó casi una hora después de la primera llamada”, lamentan.

“Les habíamos explicado que Gabriel había nacido prematuro y que, por tanto, sus pulmones no estaban aún formados del todo. Lo más lógico, ante la gravedad del asunto, era que un médico viniera hasta nuestra casa porque, además, nos querían derivar a un hospital que carece de Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos y, por tanto, no pueden intubar a un bebé de tan solo tres meses”, explica a Infobae España Alberto, el padre del menor. Ahora ha decidido hablar de su caso para evitar que se produzcan otros similares y reclamar más medios en la sanidad pública extremeña.

Nada más llegar al centro hospitalario de Almendralejo, como no había un respirador adecuado para el bebé, ordenaron su traslado de manera urgente a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales del Hospital Materno Infantil de Badajoz, por lo que se decidió activar el recurso más rápido posible: un helicóptero.

Sin embargo, una hora después de haberlo solicitado, el helicóptero no pudo acudir “debido a un problema interno” y tampoco llegaron otro tipo de recursos de emergencia. Tres horas después de la primera llamada de alerta de la familia, Gabriel falleció pasadas las 15:00 horas “sin recibir la asistencia que merecía”.

Una “precaria” asistencia sanitaria

“Nos llamaron hacia las 15:15, cuando nuestro hijo ya había fallecido, para decirnos que iba a salir un segundo helicóptero. Tampoco llegó ninguna otra unidad medicalizada en todo ese tiempo” porque estaban ocupadas en otros incidentes, indica Alberto indignado, que junto a su pareja Beatriz han interpuesto una reclamación por responsabilidad patrimonial frente al Servicio Extremeño de Salud (SES), a través de la Asociación El Defensor del Paciente, por lo que solicitan una indemnización de 227.000 euros por los perjuicios sufridos. “La asociación no solo nos ha dado la posibilidad de demandar, sino que hemos podido hacer público nuestro caso. No queremos ocultar el tema, sino al contrario, queremos que la gente sepa lo que ha ocurrido para que cambien los protocolos y que los médicos cuenten con el material necesario para una urgencia de este tipo”, añade. “No queremos que se repita”.

Carlos Sardinero, abogado de la asociación encargado de este caso, explica por su parte que “el cúmulo de despropósitos hasta llegar al desenlace fatal tiene como elemento común una significativa falta de coordinación y, fundamentalmente, de medios”.

También se ha pronunciado la presidenta de esta asociación, Carmen Flores, que critica que lo que está sucediendo en Extremadura con la asistencia sanitaria “desborda, con mucho, lo tolerable” y, de hecho, son numerosas las resoluciones y sentencias dictadas por la inadecuada asistencia y falta de organización ”que han condenado al SES a lo largo de 2024″.

“Ya no es solamente el hecho de que el servicio de emergencias de Extremadura tendría que haber hecho las cosas de diferente manera”, sostiene Alberto, sino que “si esto te pasa en Madrid, Gabriel seguiría vivo”. Más aún le cuesta entender a este padre lo ocurrido cuando desde un primer momento “avisaron de la gravedad del asunto y de que su hijo era prematuro, con todo lo que eso conlleva”. La situación fue tan dramática que en el Hospital de Almendralejo, relata, “tuvieron que paralizar las operaciones ambulatorias para sacar a los anestesistas para que pudieran medio intubar a Gabriel” e intentar salvarle.

“No sabemos si es que nadie se atrevía a hacerlo con el material que tenían o no tenían el suficiente conocimiento, pero la urgencia hizo que se hiciera en esas condiciones porque, de lo contrario, nuestro hijo habría muerto antes”. Ahora este padre confía en que se realicen las investigaciones pertinentes para que “se haga justicia por Gabriel” y para que no vuelva a repetirse un caso así.

Críticas por los “recortes” sociales en Extremadura

Desde la plataforma regional Extremadura por la Sanidad Pública, conformada por colectivos locales y comarcales, también han denunciado recientemente la demora en la atención sanitaria en todos los niveles asistenciales del SES y han reclamado el cumplimiento de la Ley de Tiempos de Respuesta en la Atención Sanitaria en la región, una norma que estipula que las pruebas diagnósticas se realicen antes de 30 días y que las derivaciones a especialistas no tarden más de 60 días. Como ejemplo de esas “insoportables” listas de espera, Alberto menciona su propio caso y es que la fecha que le han dado para operarse de una muela del juicio ”está prevista para 2027″.

Anteriormente, esta plataforma ya había convocado concentraciones el año pasado para criticar los “recortes” de la Junta de Extremadura, liderada por la popular María Guardiola desde 2023, en los presupuestos autonómicos destinados a políticas sociales.

Hace unos meses también denunciaron la propuesta de retirada de los conductores de ambulancias de los centros de salud, al considerar que supondría “poner en peligro numerosas vidas humanas”. La plataforma recordaba que “hasta 2022, el pliego de la Junta con las empresas del sector reconocía expresamente que el técnico de ambulancia permaneciera dentro de los centros de salud, con lo que se agilizaba la intervención del equipo en caso de que fuera necesario”, por lo que reclamaban que, aunque estos técnicos no formen parte del personal del SES, “son fundamentales en la atención de los enfermos”, porque son quienes los movilizan en el domicilio para que después un médico o un enfermero realice la evaluación.