Un empleado de CaixaBank se queda con dinero en efectivo de los clientes y lo despiden: es procedente por “deslealtad” y faltas “graves”

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sala de lo Social de Sevilla, ha dictado sentencia confirmando la procedencia del despido disciplinario de un empleado de CaixaBank, identificado en el proceso como Ismael, quien ocupaba el cargo de Gestor de Clientes II en la oficina de la entidad financiera en Fuentes de Andalucía. Según consta en el fallo, el despido fue justificado por la “transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza”, relacionadas con operaciones bancarias irregulares que implicaron disposiciones no consentidas del dinero de los clientes de la entidad.

De acuerdo con los hechos probados recogidos en el procedimiento, Ismael había trabajado para CaixaBank desde el 8 de octubre de 1989, desempeñando labores de atención a clientes y manejo de productos bancarios. Todo comenzó tras una auditoría interna en septiembre de 2021, cuando le detectaron irregularidades en las operaciones realizadas sobre los depósitos y productos de varios clientes entre enero de 2019 y octubre de 2021. Dichas operaciones habrían sido manipuladas de manera manual, haciendo parecer que se trataba de movimientos relacionados con pagos de impuestos o productos de ahorro, mientras que en realidad se trataba de disposiciones de efectivo efectuadas sin el conocimiento ni consentimiento de los titulares.

El informe de auditoría, del 25 de octubre de 2021, fue determinante para la apertura de un expediente disciplinario por parte de la entidad. Posteriormente, el 5 de noviembre de 2021, CaixaBank notificó al empleado un pliego de cargos mediante burofax, detallando las presuntas irregularidades. Aunque el trabajador presentó un escrito de descargo y contó con el apoyo de la sección sindical CC. OO., que también alegó a su favor, la entidad resolvió despedirlo por carta a día 29 de noviembre de 2021. Sin embargo, Ismael no recogió la carta hasta el 30 de diciembre de ese mismo año, tras varios intentos fallidos de notificación.

La defensa alegó que el despido no era justificado y que las faltas graves podrían haber caducado

La defensa de Ismael argumentó, en diversos puntos del proceso, que el despido carecía de justificación, solicitando que se declarara improcedente. Entre sus alegaciones, se incluyó la supuesta falta de pruebas contundentes respecto de las irregularidades detectadas y la posible caducidad o prescripción de las faltas graves imputadas. No obstante, la Sala de lo Social desestimó cada uno de estos argumentos, avalando la posición de la empresa.

El pronunciamiento del tribunal detalló que, aunque no hubiera evidencia de apropiación directa de las cantidades a favor del trabajador, sí se acreditó que las disposiciones fueron realizadas sin autorización de los clientes afectados, generando un perjuicio directo para el banco al tener que proceder a la devolución de dicho dinero. Además, la sentencia subrayó que, tratándose de un gestor en una sucursal ubicada en un entorno pequeño donde los clientes depositaban confianza en el empleado, la conducta representó una grave transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, elementos fundamentales que justifican el despido disciplinario según el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

En cuanto a la argumentación sobre el plazo de prescripción, el tribunal también rechazó las alegaciones de la parte recurrente. La Sala dejó establecido que el conocimiento pleno de las irregularidades por parte de CaixaBank se produjo el 25 de octubre de 2021 con la entrega del informe de auditoría. Desde esa fecha, el proceso sancionador, incluyendo la suspensión del plazo por la notificación del pliego de cargos el 5 de noviembre, fue tramitado dentro de los márgenes legales. Al momento de dictarse la carta de despido, el tiempo transcurrido no excedió los 60 días estipulados para faltas muy graves.

El fallo también abordó la posibilidad de aplicar la “teoría gradualista”, un principio jurídico que permitía buscar proporcionalidad y optar por sanciones menos severas. Sin embargo, la Sala decidió que este criterio no era aplicable debido a la entidad de la falta. La sentencia destacó que, en casos de abuso de confianza, especialmente en posiciones de responsabilidad como la de Ismael, no cabe graduación alguna en la aplicación de las sanciones previstas, que incluyen el despido.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la sentencia previa emitida por el Juzgado de lo Social N.º 4 de Sevilla y declaró procedente el despido disciplinario de Ismael. La resolución confirmó que el comportamiento del trabajador vulneró de manera grave los principios de lealtad y confianza fundamentales en toda relación laboral, especialmente en el entorno bancario. Contra la sentencia, cabe la interposición de un recurso de casación para unificación de doctrinas ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días hábiles.