“No solo se debe regularizar migrantes cuando hay una tragedia o salvamos a un blanco”: activistas piden aprobar la ILP que daría papeles a 500.000 extranjeros

Las organizaciones humanitarias que trabajan por los derechos de las personas migrantes celebran que el Gobierno vaya a regularizar a 25.000 migrantes afectados por la dana, pero también destacan la necesidad de que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros. El pasado mes de abril el Congreso aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, la toma en consideración de la propuesta, que fue respaldada por más de 600.000 firmas y cuyo objetivo es acabar con la vulneración de los derechos de aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular, pero a día de hoy la proposición de ley sigue sin ser aprobada.

En este sentido, Victoria Columba, portavoz del Movimiento Regularización Ya, propulsor de esa ILP, lamenta que regularizaciones como la que se va a producir a consecuencia de la riada, que arrasó casi 80 municipios valencianos y causó 224 víctimas mortales, “solo se lleven a cabo cuando ocurre una tragedia o por meritocracia, es decir, cuando una persona migrante salva la vida a un blanco”, como sucedió en 2020 con un vendedor ambulante senegalés al que la Secretaría de Estado de Migraciones concedió una autorización excepcional de residencia y trabajo después de que rescatara de las llamas a un hombre con movilidad reducida en Dénia. El Gobierno le otorgó la nacionalidad por “razones de interés público”.

“Nos alegramos mucho de que esas 25.000 personas migrantes afectadas por la dana puedan regularizar su situación porque muchos han perdido sus herramientas de trabajo o sus empleos directamente. Sin embargo, lamentamos que este tipo de regularizaciones extraordinarias se hagan solo cuando ocurre una tragedia o por meritocracia, cuando por ejemplo una persona migrante salva a un blanco de ser ahogado o de un incendio. Parece que tenemos que ser superhéroes para ser reconocidos como personas”, dice Columba a Infobae España. Esta autorización del Ejecutivo, que entra en vigor este jueves, tendrá una vigencia de un año y habilitará a las personas migrantes afectadas por la riada a residir y trabajar en España.

La activista, no obstante, aclara que puede haber gente afectada por la dana que se quede fuera de esa medida por la imposibilidad de probar que vivía en alguno de los municipios afectados, ya que muchas personas “llevan años sin poder empadronarse por la falta de acceso a una vivienda, a un alquiler digno”.

Columba asegura que los requisitos y los trámites ene general de la Ley de Extranjería “son muy exigentes para las personas que están cubriendo puestos de trabajo en la economía sumergida, pues no pueden acceder nunca a las vías ordinarias, a un padrón, debido a la crisis de vivienda que existe en España”. De hecho, ONG como Oxfam también han advertido del “problema grave” que existe con el empadronamiento, “debido a las barreras administrativas”, por lo que también ha pedido flexibilizar este requisito administrativo.

“Muchas veces es imposible empadronarte sin documentación, por eso destacamos la necesidad de que se apruebe la ILP que regularizaría la situación de unas 500.000 personas migrantes”, insiste la activista, que aunque tacha de “racista, restrictiva y excluyente” la Ley de Extranjería, recuerda que hay una cláusula que establece que “ante situaciones extraordinarias se pueden realizar regularizaciones”.

“Ahora toca aprobar la ILP de regularización, que será un acto de valentía por parte de todas las fuerzas políticas para poner el contador a cero en materia de irregularidad administrativa”, sostiene. Después de que en abril pasado el Congreso aprobar la toma en consideración de la ILP, unos meses después, en septiembre, un acuerdo entre PSOE y Sumar permitió desbloquear su tramitación, por lo que se estimaba que en noviembre pudiera ser aprobada definitivamente. Sin embargo, aún no ha ocurrido. No obstante, Columba insiste: “La ILP sigue viva en el Congreso y nosotras vamos a seguir luchando para que se apruebe”,

En este caso, la iniciativa popular, un mecanismo recogido en la Constitución para que la ciudadanía pueda proponer leyes siempre y cuando se consigan 500.000 firmas, comenzó a gestarse a finales de 2021, impulsada por las propias personas migrantes a través de la plataforma Regularización Ya y logró un amplio apoyo, desde la Conferencia Episcopal y Cáritas a organizaciones sociales y barriales y grupos LGTBI. Una iniciativa con la que se regularizaría la situación administrativa de las personas extranjeras que se encontrasen en España antes del 1 de noviembre de 2021.

La población migrante asume los trabajos más precarios

Cabe destacar que buena parte de la población migrante que se encuentra en España en situación administrativa irregular es la que desempeña los trabajos más precarizados, tanto en el sector de la agricultura como en el de cuidados, y especialmente las mujeres, que también en muchas ocasiones se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual.

Y a pesar de los estereotipos y prejuicios que existen sobre las personas migrantes sobre que “hay demasiados” o que “quitan el trabajo” a la población local, lo cierto es que la inmigración “no afecta significativamente” ni a las oportunidades de empleo ni a los salarios de los trabajadores españoles, como tampoco es perjudicial para los servicios públicos, tal y como mostró un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado en octubre pasado. Las preocupaciones sobre el impacto de la inmigración en el empleo, los salarios y los servicios públicos “están influenciadas por percepciones erróneas y desinformación”, indicaba el artículo elaborado por Raquel Carrasco, profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid.

En ese sentido, Columba sostiene que “el problema en España no es de racismo, sino que tiene que ver con qué población migrante le interesa tener con derechos y cuál no”, pues el Gobierno concedió protección temporal a 200.000 personas ucranianas tras la invasión de Rusia en tiempo récord, “mientras otros migrantes no pueden trabajar o acceder a la educación”. Por eso recalca la necesidad de que se apruebe la ILP: “Lo que pasó en Valencia pasa todos los veranos y todos los inviernos en Huelva con las jornaleras, con los temporeros que viven en infraviviendas o las internas del hogar que quedan en la calle y no tienen regularizada su situación, por lo que se generan grandes bolsas de irregularidad que no convienen a nadie, ni a los españoles ni a las personas migrantes. Los derechos nos convienen a todas”, concluye.

Su aportación es “clave”

En España, además, que en los últimos años ha experimentado una transformación demográfica sin precedentes y actualmente cuenta con 48,6 millones de habitantes, "la aportación de los trabajadores extranjeros ha sido clave para que el empleo crezca a un ritmo del 4,2%”, según manifestó el pasado 30 de enero la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras la presentación del informe Radiografía de la migración en el mercado laboral, elaborado por este departamento.

A finales de 2024, nuestro país contabilizaba 21,34 millones de afiliados, en términos desestacionalizados, con un incremento de 1,5 millones desde la puesta en marcha de la reforma laboral. Del total, 611.013 son trabajadores extranjeros (40,4%).

Solo en el último año, el 40,1% del empleo creado (202.616 sobre un total del 505.315) corresponde a trabajadores extranjeros, con lo que se han incorporado al mercado laboral 289.910 españoles y 212.042 afiliados extranjeros.

“Nuestro mercado de trabajo se encuentra en cifras históricamente altas. Unos datos en los que la contribución de los trabajadores extranjeros ha sido crucial. Una aportación que podemos hacer extensible a nuestro de sistema de pensiones, que hoy es más sostenible gracias a la aportación de estos trabajadores a través de sus cotizaciones sociales”, añadió el ministerio.