La violencia de género no solo tiene como víctimas a las mujeres, sino también a sus hijos e hijas. Desde 2003 esta violencia ha dejado un total de 1.862 huérfanos, 969 de ellos menores de edad, según consta en el informe elaborado por la Fundación Mujeres, que gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que acompaña a las familias que asumen la crianza de estos niños.
En la presentación de este jueves del VIII Informe Anual del Fondo de Becas Soledad Cazorla, la entidad ha señalado que entre 2003 y 2024 han sido 969 los menores que han sufrido el asesinato de sus madres consecuencia de la violencia de género y alrededor de 893 si se contabiliza a los mayores de edad. Si bien, de estos últimos no hay todavía datos del año pasado. Para calcular estas cifras, el Fondo ha tenido en cuenta los informes sobre huérfanos registrados por el Observatorio del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
“No existe una previsión de reparación del daño tras los crímenes mortales de violencia de género que aborde la situación de las víctimas de forma integral y adecuada a la situación que enfrentan”, ha asegurado en rueda de prensa la directora general de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, quien también ha denunciado que no existen datos evolutivos sobre huérfanos por violencia de género, más allá de los crímenes machistas, “ni en el ámbito social, ni en el de la estadística judicial”. Por ello, Sotelo ha reclamado tanto ayudas económicas vinculadas a la orfandad, respuestas y medidas de protección judicial, como actuaciones de acompañamiento y reparación del año.
La orfandad a consecuencia de un feminicidio, apunta el informe, “es una situación de riesgo de pobreza infantil que se manifiesta en la totalidad de los casos”, ya que habitualmente pierden a sus principales proveedores de recursos.
Otros familiares quedan a su cuidado
La mayoría de huérfanos y huérfanas se quedan al cuidado de otros miembros de la familia y, cuando se trata de los abuelos y abuelas, es habitual que utilicen sus pensiones de jubilación o no contributivas, prestaciones económicas que suelen ser “insuficientes para atender las obligaciones de crianza a medio y largo plazo”.
Cuando son otros miembros de la familia quienes se hacen cargo de los menores, su economía se ve igualmente afectada, ya que se incrementan los gastos corrientes de forma imprevista y, además, deben afrontar “otros gastos adicionales vinculados a los propios procesos que se abren tras los crímenes machistas, así como, en la mayoría de ocasiones, los requeridos para poder atender las necesidades especiales de los huérfanos y huérfanas derivadas del trauma que han sufrido”, añade el informe. Aunque en principio las indemnizaciones del procedimiento judicial tienen por objeto reparar esta situación, la realidad es que tardan en llegar. Además, habitualmente, no se hacen efectivas por insolvencia de los condenados.
Por todo ello, la fundación ha demandado “mayor celeridad en el desarrollo de los procedimientos judiciales”, la aplicación de medidas “adecuadas” y “suficientes” de protección temprana, tanto en el ámbito civil y penal, como respecto a la protección patrimonial.
2023, el peor año
Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2023 fue el año que dejó más menores huérfanos por violencia machista desde que hay registros, con un total de 56. Le siguen el año 2015, con 51; 2019, con 48; 2014, con 43; 2013, con 42; y 2018, con 41; 2024, con 36; 2022, con 36; 2021, con 32; 2016, con 30; 2017, con 26; 2020, con 26. En total, cifra en 469 los menores huérfanos por la violencia machista desde 2003 y hasta 2024.
Caber también recordar que en lo que va de año dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas en España y cada una de ellas tenía tres hijos menores de edad.
(Con información de Europa Press)
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