El caos de Muface continúa para los funcionarios: “Me pidieron 9.000 euros por operarme”

La tercera y última oferta del Ministerio de Función Pública a las aseguradoras parece que salvará el modelo Muface, que ofrece asistencia sanitaria privada a más de un millón de funcionarios y sus familiares. El Gobierno aprobó la pasada semana un aumento de 330,5 millones de euros, por lo que el presupuesto para el concierto 2025-2027 ha alcanzado los 4.804,5 millones de euros.

Las primas alcanzan en esta nueva licitación un 41,2%, por encima de lo que solicitaron las compañías sanitarias en octubre, y parece que Adeslas y Asisa se muestran dispuestas a presentarse al nuevo contrato, para el que aún no se ha anunciado fecha límite. Los funcionarios, en cambio, se muestran todavía prudentes después de meses de incertidumbre.

Por el momento, el sindicato CSIF ha mantenido la convocatoria de huelga para el próximo jueves 13 de febrero, encuentro al que probablemente acuda Miguel, funcionario de prisiones. “Cuando hayan firmado, me lo creo, porque mienten más que hablan”, expresa este trabajador de la cárcel de Soto del Real (Madrid). El hombre, que entró hace 33 años al cuerpo, está “empezando con las averías” a sus 62 años. Pero desde que comenzó el enfrentamiento entre el Gobierno y la sanidad privada, su aseguradora le pone problemas para tratarse. Como él, CSIF ha registrado cientos de casos que denuncian a las clínicas privadas por cancelar sus citas e intervenciones quirúrgicas. Este lunes, el sindicato ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Asisa, DKV y Adeslas por el “abandono sanitario a funcionarios en Muface”.

En concreto, Miguel sufre un problema de próstata por el que debe operarse. “El urólogo me dijo que si no operamos pronto, probablemente tengan que ponerme una sonda, ir con la bolsa”, cuenta a Infobae España en una conversación por teléfono. Con este diagnóstico, acudió a varios centros en busca de opciones quirúrgicas, que rechazaron tratarlo. “Me han quitado el urólogo de San Sebastián de los Reyes y me lo han quitado de Alcobendas. Me fui al Hospital de Sanchinarro y ahí me pidieron 9.000 euros por una operación láser y 10.500 euros por una operación con robot", explica.

Con esta incertidumbre lleva “tres o cuatro meses” intentando encontrar alternativas dentro de DKV, aseguradora a la que está inscrito dentro de Muface. “Si en dos principales hospitales de Madrid me han dicho que esa operación no me la cubren, no sé dónde me cubrirán”, lamenta.

CSIF anunció el pasado 16 de enero que emprendería acciones legales “sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas como consecuencia de la desatención por parte de las compañías aseguradoras, así como en aquellos casos en los que Muface no garantice la prestación asistencial a los afectados”.

Desconfianza a la sanidad pública: “No dan más de sí”

Pese a la situación tan tensa que vive Miguel, no se plantea volver al Sistema Nacional de Salud. “Llevo años con un médico de cabecera, ya tengo mi clínica, mis médicos...”, explica. Además, la Seguridad Social le da poca confianza, pese a que la ministra Mónica García asegure que el SNS podría acoger a toda la población mutualista, que supone un aumento de cerca del 2% de la ciudadanía atendida. “No tengo nada en contra de la Seguridad Social, pero están saturados, no dan más de sí“, cuenta. ”Si la sanidad pública de verdad estuviera dotada con medios y el personal, bien pagado, pues no tendríamos inconveniente", asegura.

Pero la realidad parece otra: las listas de espera aumentan cada año y los hospitales denuncian la sobrecarga de sus servicios, en parte por la falta de profesionales. “Si yo ahora paso a la Seguridad Social y están diciendo que para un especialista te dan [cita] para meses, no sé cuándo me van a operar”, valora.

Tampoco quiere volver María José, que pese a estar ya jubilada, mantiene su atención con Adeslas. Reconoce que la carta que envió la aseguradora en la que se despedían de los funcionarios le asustó, “pero sé que el Gobierno ha dicho que no, que hasta el 31 de marzo tiene una obligación”. La mujer, que hasta hace unos años ejerció como profesora en varios colegios de la Comunidad de Madrid, confía en que la nueva licitación saldrá adelante, “porque si no, al Gobierno le cae un marrón muy gordo”. Antes que pasar al SNS, dice, “me voy con mi hija, que tiene Asisa a través del banco”.