Tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España subirá hasta los 1.184 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas. Este incremento, que representa un aumento de 50 euros al mes, eleva el salario anual bruto para los trabajadores a jornada completa a 16.576 euros. Sin embargo, la medida generó controversia en el programa La Sexta Explica por la diferencia entre el salario bruto y el neto, ya que al aplicar el Impuesto sobre las Renta de las personas Físicas (IRPF), se reduce el impacto real del aumento en sus ingresos.
Fue el economista Gonzalo Bernardos quien ha advertido que, si el SMI no queda exento del IRPF, los trabajadores podrían recibir solo una parte del incremento anunciado, y el resto iría a pagar impuestos. Según Bernardos, de los 50 euros adicionales mensuales, los empleados podrían quedarse únicamente con 29 euros si se les aplica este impuesto. Esta situación ha generado críticas hacia el Gobierno porque, en años anteriores, sí se había ajustado el límite exento del IRPF para garantizar que el SMI no estuviera sujeto a tributación.
El impacto del SMI en el poder adquisitivo de los trabajadores
Durante sus intervenciones en el programa, Bernardos ha destacado la relevancia del SMI en la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores con menos ingresos. Según el economista, los empleados que perciben el salario mínimo suelen experimentar un aumento significativo en su capacidad económica durante los últimos cinco años, lo que él califica como un logro positivo. Sin embargo, también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el incremento salarial se vea neutralizado por la carga fiscal.
El economista ha señalado que el Ministerio de Hacienda aún no ha definido si ajustará el límite exento del IRPF para 2025, lo que deja en incertidumbre a los trabajadores que perciben el SMI. Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha manifestado su postura a favor de mantener esta exención, argumentando que es fundamental para proteger el poder adquisitivo de los empleados con menores ingresos. No obstante, la decisión final recae en Hacienda, que ha indicado que evaluará la situación una vez que se confirme la subida definitiva del salario mínimo.
Bernardos no ha ocultado su descontento ante la posibilidad de que el SMI de 2025 no quede exento del IRPF. Así, calificó como “una vergüenza” que se esté considerando esta opción, argumentando que los impuestos deberían recaer en quienes perciben ingresos más altos, no en los trabajadores con salarios mínimos. Según el economista, una política destinada a mejorar la calidad de vida de las familias con menos ingresos no debería verse acompañada de medidas fiscales que reduzcan el impacto positivo de los aumentos salariales.
Mientras que, por un lado, el Ministerio de Trabajo aboga por mantener la exención del IRPF para el salario mínimo, el Ministerio de Hacienda ha adoptado una postura más cautelosa, señalando que evaluará la situación antes de tomar una decisión definitiva. El aumento del SMI a 1.184 euros mensuales es un paso importante para la mejora de las condiciones laborales en España, pero su impacto real dependerá de las decisiones fiscales que se adopten en los próximos meses.
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