La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a dos años de prisión a un inspector de Hacienda tras declararlo culpable de un delito de cohecho. Jefe de la Sección de Inspección y Valoración Tributarias del Servicio Territorial de Hacienda de Ávila, solicitó a un heredero 50.000 euros a cambio de alterar la liquidación del Impuesto de Sucesiones. El funcionario, que ha reconocido los hechos, también ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años y deberá pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de seis euros.
Según la sentencia, los hechos se remontan a finales de 2022 y principios de 2023. El funcionario fue designado como actuario para inspeccionar la declaración del Impuesto de Sucesiones de una mujer, quien había heredado bienes de su hermana fallecida en 2021. Durante el proceso, el inspector detectó omisiones en la declaración y debía recalcular la base imponible.
Los hechos
A partir del 15 de noviembre de 2022, el funcionario contactó reiteradamente con un hijo y su representante legal debido a la avanzada edad de esta. Se reunieron en varias ocasiones en la oficina del acusado y también en la vía pública. En esas reuniones, le pidió al hijo 50.000 euros, alegando problemas económicos personales y familiares. Además, ofreció diversas formas de pago, incluyendo la venta y recompra de su vehículo o el abono de la cantidad en pagos fraccionados.
El hijo, desconfiando de las intenciones del funcionario, registró varias de estas conversaciones en formato sonoro y videográfico. Las grabaciones evidenciaron que el inspector intentó asegurarse de que no estaba siendo grabado mientras hacía la propuesta ilegal. Sin embargo, las pruebas fueron determinantes para la condena, ya que demostraron que este pretendía obtener un beneficio económico indebido. A pesar de las insistencias, el soborno no llegó a materializarse.
No hubo juicio
El caso fue llevado ante la Audiencia Provincial de Ávila tras una denuncia presentada por el Ministerio Fiscal y la Junta de Castilla y León, con el hijo como acusación particular. El juicio, inicialmente programado para celebrarse ante el Tribunal del Jurado, no llegó a celebrarse debido a un acuerdo de conformidad alcanzado el 13 de diciembre de 2024 entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa del acusado.
Dado que el funcionario admitió los hechos, la magistrada dictó sentencia condenatoria sin necesidad de juicio oral. Se le impuso una pena de dos años de prisión, una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años. También se le prohibió ejercer el derecho de sufragio pasivo durante la condena. Además, se le impusieron las costas procesales del juicio.
La sentencia se basa en el artículo 420 del Código Penal, que establece penas de prisión de hasta cuatro años para los funcionarios públicos que soliciten o acepten dádivas a cambio de realizar o dejar de realizar actos relacionados con su función. Aunque la pena de prisión es de dos años, la defensa podría solicitar su suspensión condicional si se cumplen los requisitos legales, lo que podría evitar su ingreso en la cárcel. No obstante, la inhabilitación para ejercer cargos públicos es firme.
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