El desahucio de Mariano en Vallecas: la Policía le desaloja y la PAH denuncia que la administración no le ha dado ninguna alternativa habitacional

La familia Díez de Rivera Elzaburu, que pertenece a alta aristocracia madrileña y es dueña al menos una decena de inmuebles y cotos de caza, ha logrado finalmente este miércoles echar a Mariano, un vecino de Vallecas de 56 años y enfermo del corazón, de la casa en la que ha vivido durante más de medio siglo. Esta era la tercera vez que este albañil, que actualmente se encuentra de baja médica y carece de ingresos, se enfrentaba a un intento de desahucio y se ha quedado en la calle “sin que ninguna administración le haya dado una alternativa”, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas. Mariano tenía un contrato de alquiler de renta antigua y la familia Elzaburu quería recuperar el piso.

El desahucio comenzaba hacia las 6 de la mañana, cuando la policía ha acudido hasta el portal número 8 de la calle Magrat de Mar con la intención de echar abajo la puerta del piso de Mariano. Para tratar de impedir el desalojo, varios de los activistas del movimiento por la vivienda que le han apoyado en todo este proceso se han desplegado por la fachada del edificio sujetos a una cuerda, pero no han podido evitarlo y han sido detenidos cuando la policía ha accedido al piso por una ventana. En un principio los bomberos se negaron a participar, pero ante la insistencia de la Policía, finalmente también colaboraron en el desahucio, que se ha prolongado hasta el mediodía, indican desde la PAH.

“Mariano está en la calle porque ninguna institución ni nadie le ha ofrecido una alternativa. La única alternativa se la vamos a ofrecer nosotros, la plataforma, con los pocos recursos que tenemos, pero con la certeza de que queremos pelear hasta el final por nuestro a una vivienda”, dice a Infobae Alejandro, portavoz de la PAH.

En este caso, los propietarios del inmueble habían denunciado a Mariano por impago, pero él mismo explicaba ayer a este periódico que se trataba de un “impago obligado”, ya que la familia Elzaburu “le había puesto todo tipo de impedimentos para dejar de pasarle el recibo del alquiler”, a pesar de que insistió para que le enviaran el número de cuenta donde debía ingresar las mensualidades. “Ellos se han negado a proporcionarme un método de pago para así forzar el impago e iniciar un procedimiento judicial”, indicó, por lo que aseguró que el objetivo de esta familia con títulos de marqueses era ”hacer negocio con la vivienda”.

“La ley no se aplica”

El desalojo de Mariano, quien tampoco cuenta con prestaciones o subsidios, se ha llevado a cabo a pesar de que el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables de su vivienda habitual y sin alternativa habitacional. Además, la nueva Ley de vivienda incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, como también sucedía en este caso. Sin embargo, el juzgado no lo considera así.

“La ley solo es teoría, no se aplica. Al final la ley siempre está del lado de los poderosos y de los ricos, y al final una familia de aristócratas con varias viviendas, cotos de caza y clubs de lujo como el de Puerta de Hierro, consigue arrebatarnos nuestros derechos”, añade el portavoz de la PAH, que también critica que el Gobierno “siga prometiendo y no aporte medidas reales”.