
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró el pasado miércoles la serie de actos previstos durante 2025 en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco, que van a tener lugar en las distintas autonomías. Bajo el lema España en libertad, el Ejecutivo ha planeado más de un centenar de actividades para “conocer nuestra historia reciente y celebrar colectivamente la democracia”, según recoge la web de la iniciativa.
En la agenda, cuya programación no está cerrada, figuran diferentes iniciativas “para aprender, reflexionar y disfrutar en museos, bibliotecas, centros culturales, colegios, universidades, cines y calles de nuestro país”. “En 1975, España inició un largo y difícil camino para recuperar la libertad y la democracia. En 2025, 50 años después, recordaremos el inicio de ese éxito colectivo y celebraremos el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido”, añade.
Las temáticas que se abordarán incluyen, entre otras cuestiones, la migración de españoles que huyeron de la miseria, el pueblo gitano, los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, la Constitución o, incluso, el papel de la monarquía durante la Transición. No obstante, también hay una ausencia clara que ha causado el malestar de algunas organizaciones memorialistas: la causa del robo de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia.
“No hay absolutamente nada”, afea Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Esta entidad, que trabaja en colaboración con otros colectivos (CEAQUA y la Plataforma Encuentro de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo) se queja de que el Ministerio de Memoria Democrática, en manos de Ángel Víctor Torres, no se ha puesto en contacto con estas organizaciones para abordar este asunto en el marco de dichas actividades. “Es incomprensible”, añade Luque, en declaraciones a Infobae España.
Por su parte, fuentes del departamento despachan esta ausencia alegando que la web “no recoge todos los actos” que se van a llevar a cabo a lo largo de 2025. “Se irán añadiendo más temas”, ahondan estas voces, deslizando la posibilidad de que esta cuestión se incluya en la programación más adelante. En este sentido, destacan que otras instituciones no gubernamentales pueden sumarse a la iniciativa del Gobierno mediante el envío de sus peticiones a través de la web que la gestiona. ”Queremos que la conmemoración sea lo más abierta e inclusiva posible”, reza la presentación.
Luque subraya además que el Gobierno deja fuera de estos actos “otros temas relacionados con la represión”. Asimismo, manifiesta su decepción con el Ejecutivo por “no invitar” a entidades memorialistas al evento de inauguración protagonizado por Pedro Sánchez en el Museo Reina Sofía. “Cuando se habla de esta España en libertad, lo primero que pensamos es que las entidades memorialistas tienen que participar porque, en gran medida, han hecho posible la llegada de la democracia”, denuncia.
“Nos alegramos de que se conmemore este hito, pero no entendemos que haya una agenda institucional en lugar de una que reivindique la memoria de las víctimas del franquismo. Celebremos que se conmemore la democracia, pero celebremos también a la gente que ha hecho posible esto”, abunda.
Siete años con la ley de bebés robados en un cajón
En lo que respecta a la causa de los bebés robados, Luque afea que “el olvido es doble”, ya que el Congreso aguarda a la aprobación de una ley sobre la desaparición forzada de menores, que pretende acabar con la “impunidad” de una de las “mayores atrocidades” que se han cometido en el Estado español. “Roza la estupefacción. Teniendo esta ley sobre víctimas del franquismo, en gran parte, ¿cómo es posible que no haya no un acto de bebés robados en esta agenda?”, reflexiona.
El pasado mes de junio, Podemos, Sumar, ERC, Bildu, BNG y Junts presentaron por tercera vez en siete años dicha norma, lastrada en 2019 y en 2023 por la disolución de las Cortes Generales. En esta ocasión, no llevó la rúbrica de los socialistas, pero la presidenta de esta asociación asegura que el PSOE se comprometió a apoyar su toma en consideración y colaborar en los trabajos para que reciba luz verde.
Además, ante el riesgo de que se vuelva a quedar guardada en un cajón, Soledad Luque pide a los partidos impulsores que den el paso para aprobar la ley en el Congreso en esta legislatura. “Esperamos que en febrero retomen el trabajo y la lleven a su toma en consideración. Hoy por hoy nadie ha dado su paso adelante”, declara a este medio.
¿Qué dice la ley?
El texto legislativo explica que, “durante décadas, y hasta etapas muy próximas, un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, simulándose su fallecimiento y ocultándose su apropiación o desaparición forzada, incluso, con alteración o falsificación de documentación pública. Sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy”.
El “crimen”, cometido desde el final de la Guerra Civil hasta los años de la democracia, se divide en tres fases principales. La primera llegó hasta la década de los años 50, aproximadamente, y se caracterizó por el robo de los hijos a las presas republicanas como medida de higiene racial inspirada en teorías psiquiátricas perversas. “Muchas de estas niñas y niños robados de las cárceles pasaron a ser tutelados por el Estado y entregados a familias afectas al régimen. Se estima que hasta los años 50 más de 30.000 niñas y niños estuvieron bajo la tutela del Estado.
A partir de los años 50 y durante toda la dictadura, se desarrolló una segunda fase en la que la represión económica, política, moral, religiosa, sexual y de género convirtió en blanco propicio de los robos a las mujeres de los sectores más vulnerables: madres solteras, primerizas, madres de familias numerosas humildes, mujeres con carencias culturales y educativas. Muchas de ellas —dice la ley— ingresadas contra su voluntad en centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer.
“En los últimos años de la dictadura y durante la Transición no faltan casos de víctimas jóvenes con ideas más adelantadas a las de la sociedad franquista, tachadas de ‘descarriadas’. Los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las parturientas, que abandonaban el hospital bajo la creencia de que su hija o hijo había muerto. La ideología nacionalcatólica de regeneración del espíritu nacional justificaba estos hechos para reubicar a los bebés en ‘familias de bien’”.
La tercera fase, una vez terminada la dictadura, se caracterizó por desapariciones de menores que siguen, en lo sustancial, la tipología de los casos de la segunda fase, pero “en un contexto político democrático que tampoco tuvo voluntad de poner fin a dichos crímenes y revertir la situación de impunidad mantenida”.
El objeto de la norma es proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el “reconocimiento y efectividad” del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del robo de bebés en el Estado español, con la consiguiente sustitución de identidad desde el 17 de julio de 1936, que “es constitutivo de un delito de lesa humanidad”.
También tiene por objeto “facilitar” las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y otras normas internacionales de aplicación.
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