Miguel Ángel Rodríguez reconoce que filtró a los medios un solo correo del novio de Ayuso porque el resto “lo desconocía”

Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido en el Tribunal Supremo que filtró a varios medios de comunicación un correo electrónico descontextualizado del fiscal que llevaba el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso porque “desconocía” el resto de emails.

En el correo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, el fiscal Julián Salto se abría a negociar un acuerdo de conformidad con el abogado de Alberto González Amador, quien antes le había ofrecido tal pacto por el que la pareja de Ayuso debía reconocer la comisión de dos delitos fiscales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quiso desmentir esa información, que calificó como “bulo”.

A su salida del Tribunal Supremo, donde ha declarado durante unos 40 minutos, Rodríguez ha recitado ante los periodistas el contenido del único email que, asegura, recibió y difundió a varios medios: “No es obstáculo para poder llegar a un acuerdo si su cliente y usted así lo creen”. Se trata de un email fechado el 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto informaba a la defensa de González Amador de la presentación de la denuncia contra su cliente y se abría a llegar a un acuerdo. Rodríguez ha declarado que, tras publicarse la información en El Mundo, difundió el correo que González Amador le había mandado el día anterior en un grupo que comparte con periodistas.

Sin embargo, el testigo ha asegurado que “desconocía” el contenido de otro email de la cadena, este fechado el 2 de febrero, en el que el abogado de González Amador proponía el pacto al fiscal a cambio de que la pareja de Ayuso reconociera dos delitos de fraude fiscal. Fue este correo el que, tras la filtración de Miguel Ángel Rodríguez, se difundió en otros medios. El juez sospecha que el fiscal general del Estado está detrás de esta filtración.

Al término de su declaración, el jefe de gabinete de Ayuso, a petición de una acusación popular, ha mostrado a la secretaria judicial un pantallazo del envío del correo de Julián Salto aun grupo de Whatsapp que comparte con periodistas. Ahora, el juez cotejará esos mensajes y la hora a la que fueron enviados para determinar si fue antes o después de que se publicara en la prensa.

Sin ampliar detalles sobre su declaración, Rodríguez ha señalado que es “evidente” que si González Amador no fuera el novio de Ayuso, “hacía tiempo que este asunto lo había resuelto Hacienda, como miles de casos diarios”. Así, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber “diseñado” una “operación política” para “atacar” a Ayuso. “Eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado”, ha apostillado.

“Quien tiene que ser juzgado es el señor Sánchez”

A preguntas de la prensa, ha opinado que el fiscal general del Estado debe ser “condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer el expediente de un español”. Asimismo, ha dicho que quien tiene que ser “juzgado” es Pedro Sánchez, a quien se ha referido como el “creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su Gobierno”.

El jefe de gabinete de Ayuso ha acudido al Supremo “sin asistencia letrada”, a la que no tiene obligación por ser testigo. El juez Ángel Hurtado acordó su comparecencia a petición de la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado. El investigado le señala como el “primer filtrador” de los correos de Alberto González Amador.

Además de las informaciones publicadas en varios medios de comunicación de corte conservador, Miguel Ángel Rodríguez comentó la noticia en su perfil de X: “Resumen de la locura de hoy: la Fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes ‘de arriba’ para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”.

Cabe recordar que la investigación se inició por una posible revelación de secretos en una nota de prensa difundida por la Fiscalía la mañana del pasado 14 de marzo y cuya responsabilidad asumió el fiscal general. Ese comunicado, en el que finalmente el Tribunal Supremo descartó que hubiera delito, buscaba desmentir un “bulo” -en palabras de García Ortiz- difundido por al menos tres medios de comunicación.