Un total de 13 comunidades autónomas han reducido su gasto en rentas mínimas, hasta más de un 90% en el caso de Madrid y Aragón, desde la implantación por parte del Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el año 2020 para personas vulnerables, según ha advertido la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Asimismo, según los datos recogidos en base al Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) correspondiente al año 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las rentas mínimas de inserción se han reducido un 15,9% de media en España desde la puesta en marcha del IMV.
Aragón y Madrid, con un 96,2% y un 91,1%, respectivamente, son las comunidades que más han recortado estas rentas mínimas, seguidas Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%), Andalucía (-65,4%) y La Rioja (-64,5%). En el otro extremo se sitúan Canarias, que ha aumentado su presupuesto un 103%, Baleares (con un incremento del 74,7%), Comunidad Valenciana (18,6%) y País Vasco (4%).
“La reducción de los presupuestos de las Rentas Mínimas de Inserción en la mayor parte de las Comunidades supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros”, indica la asociación, que también denuncia que muchas comunidades “destinaron su ‘ahorro’ en el presupuesto de sus RMI a otras cuestiones fuera de los servicios sociales”.
Fomentar procesos de intervención social
Desde la asociación también explican que las rentas mínimas de las diferentes autonomías deberían complementar el Ingreso Mínimo Vital “no solo en su cuantía, sino que deberían propiciar procesos de intervención social, pues esas rentas sí se concibieron acompañadas de esa intervención”. “Sin embargo, tres años después de la implantación de esta ayuda económica, no está siendo así, e incluso en algunas como Madrid y Aragón estas rentas están casi desapareciendo”, indica a Infobae España Álvaro Revilla, coordinador de estudios de la asociación.
La organización también advierte de que solo el 5,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las RMI que ofrecen las comunidades autónomas. “Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, salvo en el año de la pandemia (2020), tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%”, apunta. Aún así, la organización destaca las notables diferencias que existen entre las comunidades autónomas, de forma que en País Vasco (51,2%) y Navarra (38,2%) tiene porcentajes que superan o se acercan al 50% de su población por debajo del umbral de la pobreza, mientras que en cinco regiones sus RMI ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo ese umbral. Así, expone que Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%) Andalucía (0,7%) y Castilla-La Mancha (0,3%) y en Aragón la cuantía media no llega al 1% de la Renta media de la comunidad.
En cuanto a la cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que supone el 15,9% de la renta media por hogar. Esta lamenta que es “extremadamente baja”, aunque haya aumentado dos puntos este último año.
Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (36,4%), Cataluña (18,3%), Canarias (17,9%), Asturias (16,5%) y Comunidad Valenciana (15,2). Las que menos Murcia (9%), Madrid (9,1%) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantía de sus RMI sólo representa el 0,7% de la renta media de los hogares de su territorio.
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