La ofensiva judicial contra Pedro Sánchez marca el año en los tribunales: cronología de los casos que afectan al Gobierno

Los casos de presunta corrupción que salpican al Gobierno han marcado el año 2024 en los tribunales. Hasta cuatro causas se han abierto contra el entorno de Pedro Sánchez o autoridades políticas y judiciales vinculadas a su Ejecutivo. Salvo por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien Ferraz expulsó por su “responsabilidad política” en el caso Koldo, en el Palacio de La Moncloa ponen, por el momento, la mano en el fuego por el resto de los investigados.

La trama en la que Ábalos tiene un “papel principal”, según la Fiscalía Anticorrupción, saltó a la luz el pasado mes de febrero con la detención de su exasesor en Transportes y hombre de confianza, Koldo García. La operación Delorme, practicada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, destapaba un entramado de presuntos cobros de comisiones por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia.

La denuncia contra Begoña Gómez

La “persecución familiar” que denuncian desde el Gobierno comenzó en abril, cuando el sindicato Manos Limpias denunció a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La denuncia, que se basaba en informaciones periodísticas sobre adjudicaciones públicas sospechosas a personas vinculadas a Gómez, como el empresario Juan Carlos Barrabés, fue admitida por el juez Juan Carlos Peinado.

Fue la imputación de su esposa por esos delitos el motivo que llevó al presidente del Gobierno a tomarse cinco días de “reflexión”, como anunció en una carta abierta a la ciudadanía. Pese a las dudas sobre su posible dimisión, Sánchez decidió continuar y denunció una “campaña de descrédito” contra él y su familia. Poco después, una jueza de Badajoz abrió una causa penal contra el hermano del presidente, David Sánchez, por presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de esa provincia.

Ábalos, expulsado del PSOE

Pasaron los meses y las causas avanzaron en paralelo hasta que los informes de la UCO sobre la trama Koldo implicaron a José Luis Ábalos, al que los investigadores atribuían un “papel principal” en la organización criminal que investigaba la Audiencia Nacional. El PSOE reaccionó y le expulsó de su Grupo Parlamentario en el Congreso, por lo que pasó al Grupo Mixto, lo que le permite conservar su condición de aforado.

Fue entonces cuando emergió, aunque ya amenazaba con hacerlo, la figura del empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista y “nexo corruptor”, según la UCO, del Ministerio de Transportes encabezado por José Luis Ábalos. Tras ser detenido junto a Koldo García en el mes de febrero, fue nuevamente arrestado por un presunto fraude de IVA de más de 180 millones de euros en una trama de hidrocarburos.

Aldama contra el Gobierno

Aldama decidió entonces basar su estrategia de defensa en una ofensiva contra el Gobierno. A petición propia, hizo una declaración voluntaria en la Audiencia Nacional que causó un terremoto político. Y es que apuntó a lo más alto: aseguró que se fotografió con Pedro Sánchez porque el presidente pidió conocerle y le agradeció “todo lo que estaba haciendo” en relación con sus gestiones con las autoridades mexicanas en favor de empresas españolas. Asimismo, cargó contra el Gobierno por el Delcygate y dijo haber pagado cientos de miles de euros tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García en mordidas.

Esa declaración, en la que Aldama reconoció la comisión de varios delitos, le valió para que el juez que investiga la trama de hidrocarburos le dejara en libertad provisional, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Y el caso Koldo llegó al Tribunal Supremo por el aforamiento de José Luis Ábalos como diputado del Congreso. En el alto tribunal también permanecen investigados Koldo García y el propio Aldama. El juez ya ha pedido a la cámara baja el suplicatorio para acabar con la inmunidad parlamentaria del exministro de Transportes.

De forma paralela, la investigación contra Begoña Gómez se ampliaba y el magistrado Juan Carlos Peinado le imputaba dos nuevos delitos, intrusismo profesional y apropiación indebida, por las presuntas irregularidades en la cátedra extraordinaria y el máster que codirigía en la Universidad Complutense. El Gobierno y la defensa de Gómez depositaron sus esperanzas en la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos que pedían el archivo de la instrucción. Pero los magistrados avalaron la investigación de su compañero y rechazaron dar carpetazo a la causa.

Primera imputación de un fiscal general

Los casos de corrupción no han sido los únicos que han salpicado al Gobierno. Su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido el primer líder del Ministerio Público imputado en una causa penal en toda la etapa democrática. El Tribunal Supremo le investiga por su presunta participación en la filtración de correos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los que su abogado ofrecía a la Fiscalía un acuerdo de conformidad por el reconocimiento de dos delitos fiscales. La UCO, por el momento, no ha hallado pruebas sobre su implicación en la filtración a los medios de comunicación.

Las cuatro causas judiciales siguen abiertas y se presume un año 2025, de nuevo, de alto voltaje para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.