
Si bien un piso puede ser una buena fuente extra de ingresos, también puede dar lugar a algunos problemas que no se tenían en cuenta a la hora de firmar el contrato de alquiler. Estos supuestos pueden ser el impago del mes por el inmueble u otras situaciones difíciles de solucionar, como le ha sucedido a una vecina de Évreux, en Eure, al norte de Francia.
La mujer, Anne, que está jubilada, tendrá que rehacer completamente su apartamento. “Para restaurarlo al nivel original me piden que adelante más de 20.000 euros. Al estar jubilada no puedo permitírmelo”, ha confesado Anne.
Los daños que ha sufrido el piso durante los años son varios: ya no hay baño, la ducha y el retrete están rotos, los radiadores arrancados y las paredes sucias. Además, la nevera y la lavadora ya no están, según ha informado el diario francés La Déspêche. Pero lo más sorprendente es que todos estos daños no los había hecho un okupa, sino el inquilino que llevaba viviendo en el apartamento desde 2016.
En ese mismo año, Anne decidió alquilar su piso para irse a vivir a Vendée, al noroeste de Francia, un lugar tranquilo, con mar, perfecto para disfrutar de una merecida jubilación. Entonces, un hombre se mudó a su apartamento. Todo iba bien, los pagos eran puntuales y el inquilino no daba problemas.
Sin embargo, en 2022, el inquilino, que se beneficia de una medida de protección de la Unión Departamental de Asociaciones de Familiares (UDAF), cambia de tutor. Su comportamiento ya no es el de antes y comienzan a llegar las primeras facturas sin pagar.
Ante esta situación, la jubilada decide recuperar su piso y ponerlo a la venta. No obstante, cuando va a ver su apartamento, se lleva una indeseable sorpresa. “Mi inquilino destrozó completamente el apartamento y lo dejó insalubre”, ha denunciado Anne.
Después de que un funcionario realizara un informe sobre la penosa situación en la que se había dejado el piso, Anne decide ponerse en contacto con un abogado, y este con la organización, pero la UDAF no respondió a ninguna de las llamadas. La organización solo rehizo el suelo de la cocina tras indicar que el inquilino no tenía medios para hacerse cargo de los demás pagos.
“Una persona bajo tutela no tiene capacidad para firmar un contrato de alquiler, ni ningún acto de la vida cotidiana. Por lo tanto, el contrato fue firmado por la UDAF en nombre de esta persona”, ha explicado la Agencia Departamental de Información de alojamiento (ADIL).
“Todos los costos son responsabilidad del adulto protegido”, ha aclarado la ADIL. “La UDAF, como agente, gestiona las cuentas del inquilino y reembolsará al propietario según los medios del mayor de edad”, ha señalado. Sin embargo, “la UDAF no puede adelantar los costos”, ha indicado.
¿Qué puede hacer la propietaria?
“Tiene derecho a no devolver el depósito de garantía, si el inventario muestra daños o falta de mantenimiento del alojamiento, que no sean los normales por el desgaste propio del uso de la vivienda”, ha dicho la ADIL.
Además, podrá solicitar indemnizaciones, es decir, facturas que demuestren el daño sufrido y los costes de restauración, y reclamárselo al inquilino a través de la UDAF. No obstante, “si el inquilino es insolvente y solo recibe los beneficios mínimos, será difícil avanzar por esta vía”, como sucede en este caso.
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