
El ministro de Economía, Finanzas e Industria de Francia, Antoine Armand, ha desatado la polémica esta semana al comentar que busca propuestas para lograr que los franceses “trabajen más”. “En Francia, trabajamos menos que en otros países. No hablo de la duración semanal ni anual del trabajo. A lo largo de una vida, trabajamos menos. Sin embargo, queremos fortalecer el país creando crecimiento, y necesitamos una mayor cantidad de trabajo”, señaló. Una de las propuestas es crear “una segunda jornada de solidaridad”.
¿Y qué es la jornada de solidaridad francesa? Básicamente, es un día de trabajo ‘gratis’, una jornada al año no remunerada y que se destina a recaudar fondos para apoyar la autonomía de las personas mayores y las personas con discapacidad. Esta iniciativa, creada por ley el 30 de junio de 2004, fue implementada tras la ola de calor de 2003, que dejó al descubierto las carencias en los sistemas de asistencia a poblaciones vulnerables. Con el dinero ‘no pagado’ a los trabajadores en ese día, se financian proyectos y recursos específicos para “mejorar la calidad de vida y el bienestar de estos colectivos”, según la ley.
La jornada de solidaridad se aplica a la mayoría de los trabajadores en Francia, tanto del sector público como del privado. La contribución de los empleadores se canaliza a través de una tasa conocida como “contribución de solidaridad para la autonomía” (CSA), cuyo objetivo es sostener los servicios y estructuras que facilitan la independencia de personas con pérdida de autonomía, ya sea debido a la edad o a una discapacidad.
Diferencias entre el sector privado y el público
La jornada de solidaridad presenta diferencias en su aplicación entre los trabajadores del sector privado y los del sector público, debido a las particularidades de cada régimen laboral. Aunque el propósito sigue siendo el mismo para ambos sectores —financiar la autonomía de personas mayores y personas con discapacidad—, los detalles de cómo se realiza y organiza esta jornada varían según el contexto laboral y las normativas aplicables.
Para los trabajadores del sector privado, las modalidades para cumplir con la jornada de solidaridad se establecen a través de convenios o acuerdos colectivos. Estos acuerdos pueden ser específicos de la empresa, el establecimiento o, en su defecto, del sector al que pertenecen los empleados (a través de acuerdos de rama). Esto significa que las condiciones para realizar esta jornada no son uniformes en todo el sector privado y pueden diferir considerablemente de una empresa a otra.
La jornada de solidaridad en el sector privado puede concretarse de varias maneras. Una es trabajar en un día festivo previamente no laborable, como el lunes de Pentecostés, siempre y cuando no sea el 1 de mayo, ya que este día está protegido como feriado nacional obligatorio. Otra opción es suprimir un día de descanso otorgado por acuerdos de reducción del tiempo de trabajo (RTT). En este caso, los empleados renuncian a una de sus jornadas de descanso anuales para cumplir con la jornada de solidaridad. O también es posible realizar 7 horas adicionales de trabajo en otro momento, como un sábado o mediante otras modalidades que permitan cumplir el tiempo correspondiente a esta jornada de trabajo adicional.
Para los empleados del sector público, la jornada de solidaridad también implica un día de trabajo no remunerado, pero su realización está generalmente más estructurada por el propio Estado y las instituciones públicas.
Por otro lado, en las regiones de Mosela, Alto Rin y Bajo Rin, existen disposiciones particulares. En estas zonas, los empleadores no pueden elegir el primer o segundo día de Navidad ni el Viernes Santo como jornada de solidaridad, en respeto a las tradiciones y días festivos locales.
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