
Es un clamor en las calles, pero no en el Congreso. El problema de la vivienda no consigue irrumpir en la Cámara Baja, donde la corrupción ha vuelto a un primer plano ante la previsible imputación del exministro José Luis Ábalos por el caso Koldo. La semana pasada, después de la manifestación multitudinaria en Madrid para reclamar la rebaja de los alquileres y una solución a la crisis de acceso a la vivienda, este asunto no tuvo la prioridad esperada por los colectivos sociales y los miles de inquilinos.
Ante la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, prevista para este miércoles en el Congreso, los grupos políticos y, especialmente, las fuerzas de izquierdas pondrán toda la carne en el asador para poner a la dirigente socialista “frente al espejo” y “sentar propuestas ante la opinión pública”, tal como avanzan desde ERC. Los republicanos, junto a EH Bildu y BNG (socios habituales del Gobierno), formalizaron esta petición ante la “inacción” de su departamento y la “falta de medidas” para posibilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna.
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El grupo capitaneado por Gabriel Rufián no tiene grandes expectativas en cuanto a los titulares que pueda dar la ministra de Vivienda en su examen en el Congreso: “Defenderá sus políticas inútiles”, añaden fuentes parlamentarias de esta formación a Infobae España. Pero este grupo defiende la “oportunidad” que brinda una comparecencia de estas características para exponer propuestas en esta materia: “A ver cómo las recibe”, dicen.
Asimismo, los republicanos alertan de la urgencia en la adopción de soluciones a la crisis de la vivienda, “un problema transversal”, como comparte el Gobierno de coalición. “Si se hace lo mismo de siempre, sabemos cómo va a terminar todo esto. Si la izquierda no hace de izquierda, gana la derecha”, agregan estas voces, para apelar a hacer políticas útiles en algo tan importante como la vivienda: “Si no somos útiles en cuestiones tan nucleares, nos van a mandar a casa”.
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Pero esto no es todo. ERC aprovechará la coyuntura para volver a presentar en la Cámara Baja la ley de los colectivos para la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones. Los aliados parlamentarios del PSOE (Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu y BNG) promovieron este mismo texto hace unos meses, y a pesar de contar con el apoyo de los socialistas y el PNV, fue rechazado por la oposición del PP, Vox y Junts.
Sumar se revuelve contra Isabel Rodríguez
El BNG exigirá la colaboración de las distintas administraciones, ya que las competencias en esta materia las tienen las comunidades autónomas. Aunque la Xunta de Galicia, en manos del PP, “paralizó totalmente las políticas de vivienda pública” puestas en marcha con anterioridad, el partido nacionalista gallego considera que el Gobierno de Pedro Sánchez “debe cumplir sus compromisos y sus propios anuncios”.
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Entre las medidas, el BNG pedirá que la Sareb haga efectiva “la cesión gratuita de inmuebles a las CCAA para los programas de vivienda pública, especialmente en alquiler”, ya que, en el caso de Galicia, hay 3.000 en estado de ser habitados o con pocas necesidades de reforma. “Aunque consideramos que colocar en el mercado un número importante de vivienda pública a precios asequibles, en venta y especialmente en alquiler es la solución más efectiva, complementariamente es necesario seguir implementando reformas legislativas, como la recientemente propuesta por varias fuerzas para regular las viviendas de alquiler temporal y el alquiler de habitaciones”, esgrime el partido representado por Néstor Rego en el Congreso.

Sumar, socio minoritario del PSOE, también apoyó la comparecencia de Rodríguez, contra quien ha centrado sus críticas en las últimas semanas. En palabras de su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, la cita del miércoles es un “parteaguas”. “La ministra no puede venir a pedir solidaridad a los grandes propietarios y a los fondos financieros, ni a anunciar otro bizum más a los caseros, tiene que venir a aportar soluciones”, defendió, para reconocer que la “paciencia ya está agotada” en la calle.
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En privado, desde el grupo capitaneado por Yolanda Díaz afirman que “no se creen” a la titular de Vivienda, al considerar que no tiene intención de hacer medidas que “molesten” a los caseros y a los grandes propietarios. Estas voces afean la falta de una respuesta contundente por parte de la ministra de Vivienda después de la manifestación del pasado domingo en la capital de España: “No ha entendido nada”.
De cara a dicha comparecencia, en Sumar no esconden que “será muy difícil comportarse como Gobierno”. Pese al malestar en este espacio con la dirigente socialista, los de Yolanda Díaz cabalgan la contradicción de protestar y reclamar más al socio mayoritario, pero teniendo claro que no exigirán la dimisión de la ministra ni, por supuesto, salir del Gobierno, ya que formar parte de él “permite apretar en muchas cosas”, tal como esgrimen desde la dirección del grupo parlamentario.
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División en el Gobierno por las medidas sobre vivienda
PSOE y Sumar evidenciaron sus diferencias en el seno del Ejecutivo la semana pasada. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda, aprobó dividido la tercera convocatoria del Bono Alquiler Joven (250 euros al mes durante un plazo de dos años para cada joven que pueda optar a esta ayuda), así como el impulso al reglamento para regular los alquileres de corta duración, que pretende “perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales; y priorizar los alquileres de vivienda habitual”.

A pesar de coincidir con la ola creciente de protestas populares, la titular de Vivienda negó que estas medidas fueran una respuesta a la manifestación en la capital de España, que a su vez dio el pistoletazo de salida a otras convocatorias en distintas ciudades. Lo cierto es que, más allá de la acción del Ejecutivo en este sentido y las críticas de Sumar y otros aliados en el Congreso a estas medidas, al tildarlas de “parches”, la vivienda fue un asunto casi residual en el Congreso.
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En la sesión de control al Gobierno, que el PP quiso que fuera un monográfico sobre el caso Koldo, solo destacó la pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, a Pedro Sánchez sobre “los efectos de la Ley de Vivienda tras año y medio desde su aprobación”. También la líder de Podemos, Ione Belarra, urgió a Sánchez a adoptar medidas en este sentido. Esta semana, y ante la indiferencia generalizada por abordar este tipo de cuestiones, varias formaciones políticas apretarán para tratar de aterrizar en el Congreso el clamor de la calle.
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