No solo fiscalizar a los medios: el Gobierno también quiere modificar el Código Penal, la ‘ley mordaza’ y los secretos oficiales

El Gobierno ha planteado este martes una “reforma integral” del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo pero también a la Corona, en el marco del Plan de Acción por la Democracia aprobado en Consejo de Ministros.

Así lo ha trasladado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha adelantado algunas de las 31 medidas que prevé desarrollar el Gobierno en los próximos tres años en este ámbito. Recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.

Dentro del segundo eje, el de “fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos”, Bolaños ha incluido una “reforma integral del Código Penal” para tratar “los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos”.

Según ha indicado, el objetivo es adecuar el Código Penal español “al Derecho de la UE” y ajustarlo en lo relativo a estos delitos “a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Renovar “leyes obsoletas”

En este mismo apartado, Bolaños también ha incluido la previsión de reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, puesto que “el régimen actual que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publiquen ha quedado claramente obsoleto”.

“Son leyes que regulaban un panorama de medios de comunicación en los años 80, que para nada es el que tenemos en 2024″, ha añadido el socialista. “Lo que pretendemos es garantizar a los ciudadanos a tener una respuesta si se les daña su honor”, ha añadido.

Con la reforma de ambas leyes se buscará “garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación”, ha puntualizado Bolaños.

También anuncia que reformará la ley de Secretos Oficiales que entró durante la dictadura franquista, en1968, una iniciativa cuyo principal promotor ha sido el Partido Nacionalista Vasco. “Es difícilmente explicable que España mantenga una ley de 1968. Nuestra democracia merece una ley que coja las mejores leyes de los países europeos”, ha sentenciado.

Ahora el proyecto de ley tendrá su tramitación en el Congreso de los Diputados y el Gobierno, que no ha concretado qué medidas priorizarán su desarrollo, afirma que su legislación tendrá de plazo los tres años que quedan por delante de legislatura. Los populares ya han rechazado su apoyo, si bien el gobierno asegura que continuará negociando con el partido de la oposición y confía en que la medida saldrá adelante, ya que afirman que el texto recoge varias propuestas del resto de grupos parlamentarios.

Noticia con información de Europa Press