Imagina vivir con una pensión que no alcanza a cubrir tus necesidades básicas. Esta es la realidad diaria de muchas personas en España que dependen de las pensiones no contributivas. A diferencia de las prestaciones contributivas, que están basadas en las cotizaciones hechas durante la vida laboral, las pensiones no contributivas son otorgadas a aquellos que no han cotizado lo suficiente, pero que igualmente requieren apoyo financiero en su vejez o debido a una discapacidad. Hoy, la cifra de la pensión no contributiva se encuentra lejos de ser suficiente para vivir con dignidad, y es por ello que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho un llamado urgente al Gobierno para que se incrementen estas cantidades a niveles más justos.
El CERMI ha puesto de manifiesto una diferencia preocupante: mientras que la pensión no contributiva para el año 2024 se sitúa en 7.250,60 euros anuales, la pensión mínima contributiva asciende a 11.552,80 euros anuales. Este abismo, que continúa ensanchándose, deja a los pensionistas no contributivos en una situación de vulnerabilidad económica creciente. Según la plataforma de la discapacidad, equiparar las pensiones no contributivas con las contributivas mínimas sería un paso esencial para garantizar que todas las personas puedan cubrir sus necesidades básicas con dignidad. Desde el CERMI consideran que “cada vez se separa más el diferencial de cuantías entre unas y otras, quedando las no contributivas relegadas, sometidas a crecimientos mínimos, que deterioran la capacidad económica de los que las perciben”.
Exigen un cambio en el cálculo de la renta
Otro de los cambios fundamentales propuestos por el CERMI es la revisión del método de cálculo de la capacidad económica para acceder a las pensiones no contributivas. Actualmente, este cálculo se realiza en base a la renta de la unidad familiar, lo cual penaliza a muchas personas con discapacidad que dependen de estas pensiones. El CERMI sugiere que se tome en cuenta únicamente la capacidad económica individual del solicitante, para evitar que el ingreso de otros miembros de la familia influya en la elegibilidad o en la cantidad recibida. Este cambio, de llevarse a cabo, representaría una modificación significativa en la normativa vigente, permitiendo que la situación personal y las verdaderas necesidades económicas de cada individuo sean reconocidas de manera justa.
Finalmente, el CERMI subraya la importancia de mejorar la compatibilidad entre la percepción de la pensión no contributiva por discapacidad y la realización de un trabajo remunerado. Actualmente, las normativas restrictivas dificultan que las personas con discapacidad puedan acceder a oportunidades laborales sin perder su pensión, lo que desincentiva su integración en el mercado laboral. Una mayor flexibilidad en este sentido no solo contribuiría a la activación laboral de este colectivo, sino que también promovería su autonomía y bienestar económico.
Estos cambios propuestos por el CERMI son fundamentales para avanzar hacia un sistema de Seguridad Social más equitativo, que reconozca las necesidades reales de todas las personas, especialmente de aquellas que han estado más vulnerables. Con una pensión de 825 euros al mes como objetivo, se busca no solo una cifra, sino el reconocimiento de que todas las personas merecen vivir con dignidad, independientemente de su historial de cotizaciones. Asimismo, ha añadido que otro aspecto que debería acometerse, es “la mejora de la compatibilidad entre la percepción de la pensión no contributiva por discapacidad y la realización de un trabajo remunerado, a fin de favorecer la activación de las personas con discapacidad”.
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