
Alcalá de Henares es una de las ciudades más importantes de la Comunidad de Madrid. No solo porque es la tercera más poblada de la región (con casi 200.000 habitantes), sino porque en ella nació el ilustre Miguel de Cervantes, convirtiendo al municipio en un destino turístico de primer nivel. Pero una localidad tan relevante como esta lleva desde diciembre de 2023 sin servicio de grúa municipal por un problema que ha acabado en los tribunales.
De momento, las urgencias en materia de tráfico las está resolviendo un vehículo conducido por empleados públicos que funciona “solo en casos de emergencia”, explica a Infobae España la concejala Orlena de Miguel, responsable de Seguridad. “Es una grúa que compramos hace tiempo y que interviene en los casos más extremos mientras resolvemos la adjudicación que licitamos”.
De Miguel señala, en primer lugar, que todo este embrollo no habría pasado si la anterior Corporación municipal, del PSOE, hubiera empezado a tramitar a principios de 2023 el nuevo contrato de la grúa porque el que estaba en vigor caducaba en diciembre. “Pero no lo hicieron. Y cuando nosotros llegamos a la Alcaldía en mayo de 2023, tras las elecciones, nos encontramos encima que la parcela que hacía las funciones de base de la grúa y depósito de los coches retirados estaba irregularmente en una zona verde. Hemos tenido que buscar otra parcela que se adecuara a la legalidad”. Todo esto ha retrasado los trámites de la nueva adjudicación. Por eso, el nuevo Gobierno local, del PP, no licitó el nuevo servicio de la grúa hasta el 30 de enero de 2024.
Antes de este nuevo contrato, la empresa Conforvial gestionaba la grúa municipal. Se adjudicó el servicio el 3 de diciembre de 2018. No era mal negocio. Según reza un documento oficial del Consistorio, esta empresa solo ingresaba como canon al Ayuntamiento “el 1% sobre el 100% de la recaudación líquida obtenida por la prestación del servicio conforme a las tarifas establecidas en la correspondiente ordenanza fiscal”. Este contrato venció en diciembre de 2023 y el nuevo, como hemos mencionado, se empezó a licitar en enero de este año. El Consistorio solo pide un canon fijo anual de 6.050 euros y otro variable de 6,05 euros por vehículo retirado (turismo y furgonetas) y de 2,42 euros si son motocicletas. Más una retribución de 1,21 euros por día de estancia en el depósito. La diferencia de lo que paga un conductor cuando va a retirar su coche se lo queda la empresa que se lleve el contrato. Y hay que tener en cuenta que en Alcalá se paga 150 euros cuando la grúa se lleva tu coche (69 euros si es moto). Según fuentes policiales, en la localidas la grúa retira unos 4.000 vehículos al año.

A la licitación se presentó una solo empresa, Green Truck S.L., pero en mayo de este año el Ayuntamiento decidió excluir su oferta “porque no cumplía los requisitos de solvencia económica” y la adjudicación quedó desierta. Esta sociedad no se conformó y presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que finalmente, a mediados del pasado mes de julio, decidió estimarlo “anulando la declaración de desierto del procedimiento y retrotrayendo actuaciones hasta alcanzar el momento procesal de motivar su exclusión.” Pero esto es como la pescadilla que se muerde la cola. El Ayuntamiento es lo que ha hecho: retrotraer las actuaciones, analizar la documentación y volver a excluir a Green Truck “de la presente licitación toda vez que no queda acreditada la solvencia económica por ninguno de los medios que contemplan los pliegos”.
La Policía Local se queja
Mientras tanto, desde el sindicato CPPM, con representación en la Policía Local de Alcalá de Henares, aseguran que la falta de un servicio normalizado de grúa está afectando al trabajo diario de los agentes. “Los vecinos y vecinas no entienden cómo por un problema de funcionamiento administrativo del Ayuntamiento no se pueden retirar vehículos estacionados sobre la acera o que dificultan el normal tránsito en las vías de la ciudad. En muchas ocasiones los ciudadanos culpan a los compañeros de esta situación cuando los mismos no tienen ninguna responsabilidad”, explica Miguel Ángel Bañuelos, delegado de personal de CPPM.
“Es cierto que en situaciones muy graves, como puede ser, por ejemplo, la rotura de tuberías o la obstrucción de salidas de emergencia, se moviliza una grúa conducida por personal habilitado del Ayuntamiento para el traslado de vehículos. Pero es una medida lenta que requiere que los equipos de emergencia, como bomberos y sanitarios, tengan que esperar a la solución de la incidencia para poder actuar sobre la urgencia. Desde la posición del sindicato nos parece un hecho inadmisible para una ciudad Patrimonio de la Humanidad”.
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