Qué necesitan PSOE y Sumar para poder derogar la ley mordaza

La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunció este martes un “acuerdo” con el PSOE para “derogar” la polémica ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Esta ley, vinculada a su vez con la Ley Antiyihadista y la reforma del Código Penal, estableció el aumento de las sanciones administrativas por conductas como la falta de respeto a la autoridad, las protestas no autorizadas y la toma de fotografías a miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, castigos que han sido duramente señalados desde su implementación por diversas organizaciones de derechos humanos.

La Constitución Española dicta que una norma puede ser derogada, es decir, pierde su validez o deja de aplicarse, total o parcialmente, ya que, en algunos casos, solo ciertas disposiciones o secciones de una ley pueden ser derogadas, mientras que otras permanecen vigentes.

Dos maneras de derogar una norma

La Universitat de València explica a través de una publicación que la derogación de leyes puede realizarse de dos maneras diferentes: de forma explícita o implícita. En el primero de los casos, se produce cuando una nueva ley o norma específicamente declara su intención de revocar o anular una ley anterior. Para ello se identifica la normativa que se desea eliminar, con disposiciones específicas como “queda derogada la ley X”.

Por otro lado, la derogación implícita no enuncia concretamente las leyes abolidas, sino que utiliza términos más generales, por ejemplo, “quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley”. El blog especializado Derecho Virtual pone como ejemplo la Ley del Solo Sí es Sí en materia de agresiones sexuales, que declaró de manera explícita en el texto su intención de dejar sin efecto ciertas disposiciones legales en la norma anterior vinculadas con las agresiones sexuales.

Requisitos para derogar una ley orgánica

Cualquier derogación parcial o total de las leyes orgánicas, que son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, necesita la aprobación en el Congreso por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. La Cámara Baja se compone de 350 diputados, por lo que PSOE y Sumar necesitarían recabar al menos, los votos afirmativos de 176 parlamentarios. El gobierno de coalición tiene actualmente 146 escaños, por lo que necesitaría, en un corto espacio de tiempo, obtener el apoyo externo del PNV, EH Bildu, ERC, Junts y Podemos.

En el caso de los socios de gobierno ERC y Bildu, que ya vetaron la iniciativa en la Comisión de Interior de la pasada legislatura, y Podemos han establecido líneas rojas al apoyo de la medidas. Ambos partidos independentistas han asegurado que no apoyarán la derogación si no incluye poner fin a las devoluciones en caliente, prohibir el uso de las pelotas de goma y abordar el artículo sobre las faltas de respeto a la autoridad. Ante las discrepancias dentro de los socios de gobierno, los socialistas han afirmado que entablarán las negociaciones en septiembre.