La vivienda destinada al uso turístico está cada vez más cerca de sufrir un duro revés en Cataluña. A finales de 2023, la Generalitat diseñó una nueva iniciativa que podría llevar al cierre a casi 30.000 apartamentos turísticos de más de 260 municipios de la comunidad autónoma, entre ellos Barcelona.
Pero si este Decreto ley abría la posibilidad a que los ayuntamientos elaboraran planes turísticos decidiendo las licencias que se concederían -con un tope de 10 pisos por cada 1.000 habitantes-, ha sido precisamente en la capital donde ha estallado la polémica cuando el alcalde Jaume Collboni ha decidido no redactar ningún plan y dejar que las licencias caduquen para que, en 2028, ya no haya más pisos turísticos en Barcelona.
Las protestas del PP y los propietarios
Esta decisión de Collboni, junto con su intención de eliminar también la figura de los pisos turísticos del Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que afectará además a los hoteles, pues contempla un decrecimiento turístico en el centro de la ciudad, ha levantado muchas críticas de diferentes sectores políticos y económicos. Señalan que muchas otras ciudades con una gran afluencia de turismo, como Venecia, Berlín o Ámsterdam, no han propuesto en ningún momento una reducción de las plazas de alojamiento turístico, pese a imponer algunas condiciones a los hoteles de las zonas más masificadas.
Una de las entidades más críticas con esta situación ha sido Federatur, la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos. De hecho, ya en su momento habló duramente contra el Decreto ley de la Generalitat, e incluso acompañó al Partido Popular para el recurso ante el Tribunal Constitucional que presentaron en febrero de 2024. “La nueva normativa incide en los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos constitucionalmente, lo que no está permitido regular con un Decreto ley”, explicaban en un comunicado.
Además, el plazo de cinco años para que se extinguieran las licencias les parecía demasiado corto: “No puede haber una necesidad urgente y extraordinaria si se requiere un desarrollo posterior del planeamiento urbanístico de cada municipio y se da un plazo de cinco años para hacerlo”. De este modo, el presidente de la Federación, David Riba, alegó que “la vía del Constitucional era el camino que nos quedaba para seguir defendiendo nuestros intereses en el sector”. Un sector que, por cierto, mueve una ingente cantidad de dinero que no deja de acrecentarse año tras año. Los datos de esta asociación destacan un “impacto económico” de los pisos turísticos de 21.000 millones de euros, un 9% más que el año anterior.
La postura de la patronal de Barcelona
El brazo local de Federatur, que es la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), también ha lanzado un comunicado en el que deja clara sus intenciones de iniciar también una batalla judicial en cuanto Collboni modifique el PEUAT. Desde la organización han alertado de que “acabar con los pisos turísticos de la ciudad provocará un efecto llamada a la proliferación de pisos turísticos ilegales”, un problema que ya afrontó la ciudad hace una década. Además, han definido la propuesta del alcalde como un aliciente para la “turismofobia” y una muestra “del fracaso de las políticas de alojamiento de los últimos años”.
Los empresarios alegan, en esa línea, que “los pisos turísticos representan un 0,77% del total del alojamiento de la ciudad, una cifra que no solucionará los problemas de la ciudad”. Su presidente, Enrique Alcántara, no daba crédito: “¿De verdad no queremos turismo familiar en Barcelona?¿Cuántas tiendas, restaurantes y museos habrán de cerrar?”. De este modo, desde la asociación denunciarán esta medida como una “expropiación a los pequeños propietarios” de un sector que, defienden, “aporta anualmente más de 347 millones de euros a las arcas públicas de Barcelona”.
Sin embargo, la dificultad jurídica que supone presentar medidas judiciales contra la decisión de Collboni de no hacer nada respecto a la legislación planteada desde la Generalitat limita mucho las posibles causas que se puedan abrir. Por ello, la respuesta del Tribunal Constitucional frente al Decreto ley será quizá el paso más determinante para comprobar si, efectivamente, en 2028 Barcelona se convierte en la primera ciudad en dar un no rotundo a los pisos turísticos.
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