Ayuso licita el gran contrato de ambulancias: pagará 34,7 euros por cada viaje que traslade a un paciente a diálisis, quimioterapia o rehabilitación

El actual contrato caducó en 2023. La Comunidad de Madrid quiere pagar 254 millones de aquí a 2029 para que empresas privadas hagan 1,3 millones de viajes anuales para aquellos usuarios que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios

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La Comunidad de Madrid tiene privatizados dos importantes servicios de ambulancias: el de transporte urgente (el traslado de un paciente ante una situación imprevista) y el programado (para aquellos enfermos que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios, por ejemplo, para recibir diálisis, quimioterapia o rehabilitación). Este segundo entró en vigor en febrero de 2018 y el Gobierno regional lo adjudicó entonces por 108,5 millones de euros para que cuatro empresas prestaran el servicio durante cuatro años, prorrogable un año más. Es decir, caducó en febrero de 2023. Desde entonces las ambulancias que transportan cada día a miles de madrileños están funcionando en una especie de limbo jurídico. El servicio se sigue prestando, pero sin contrato que lo valide.

El Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso ha decidido por fin acabar con esta anomalía y está ultimando ya un megacontrato para “la prestación del servicio del transporte sanitario terrestre programado para el traslado de pacientes”. De hecho, las empresas que quieren licitar tienen hasta este viernes 21 de junio para presentar sus ofertas. Como novedad, la Consejería de Sanidad ha distribuido geográficamente el servicio en cinco zonas (ahora hay cuatro) y está dispuesta a pagar 254 millones de euros (impuestos incluidos) por un servicio que empezaría a funcionar ya el 1 de septiembre y que duraría hasta 2029. Como está prevista la realización de 1.330.000 viajes el primer año, Sanidad pagará un máximo de 34,7 euros por cada trayecto. Las empresas que se quieran presentar tienen que tener en cuenta, advierten desde la Consejería, que los trayectos pueden crecer en torno a un 6% anual. El Ejecutivo autonómico ha subido los precios, ya que el coste de los gastos asociados se han incrementado. Con el contrato de 2018 se pagaba de media 22,47 euros por cada trayecto.

Una ambulancia de Samur-Protección Civil en el lugar de los hechos. (Emergencias Madrid)
Una ambulancia de Samur-Protección Civil en el lugar de los hechos. (Emergencias Madrid)

Estamos hablando que cada día se llevarán a cabo una media de 3.643 viajes en ambulancia. Incluyen trasladar al paciente de su domicilio al centro sanitario público o concertado donde tenga que recibir su tratamiento, el regreso a casa, traslados entre centros de la red sanitaria y los viajes “hasta o desde otras comunidades autónomas cuando la prestación esté incluida” dentro de las que cubre el sistema sanitario público. Hay dos tipos de ambulancias: la A1 para el traslado individualizado de pacientes en camillas y la A2 para el transporte colectivo, acondicionadas para llevar a varios pacientes a la vez, cuyo traslado no revista carácter de urgencia ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas. El 30% de los traslados se realizan en los vehículos tipo A1.

Las ambulancias A1 con ayudante

En 2018, todos los vehículos tenían que tener sistemas de seguridad para el traslado de lactantes y pacientes en edad pediátrica, y contar con sistemas de suministro de oxígeno. Además, las A2 tienen que estar adaptadas para el traslado de sillas de ruedas. Una ambulancia, como mínimo, debe estar adaptada a pacientes con obesidad mórbida. Todas estas características técnicas se mantienen en el nuevo contrato. Además, “las ambulancias de clase A1, además de conductor, estarán dotadas con ayudante, cuando la orden de transporte así lo indique, que suele ser en el 48% de los casos”, señala el pliego de condiciones técnicas. Las empresas que se presenten tendrán que hacer una importante inversión en vehículos, ya que Sanidad quiere que las ambulancias sean de nueva adquisición, es decir, aquellas cuya antigüedad sea igual o inferior a seis meses.

La Comunidad de Madrid lleva un año con el contrato caducado de las ambulancias que transportan a los pacientes a diálisis, quimioterapia o rehabilitación.

Sanidad quiere que los adjudicatarios (el mismo se puede llevar varios de los cinco lotes) subroguen, “de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Comunidad de Madrid, al personal que presta en la actualidad el servicio”. Actualmente, hay 667 trabajadores prestando servicio en los cuatro lotes en vigor. Gracias a este contrato de transporte programado se llevan a cabo el 75% de los viajes que realizan las ambulancias en la Comunidad de Madrid (el otro 25% pertenece al transporte de urgencias).

Tiempos de traslado

El pliego también estipula tiempos de espera. La llegada del paciente al centro sanitario se producirá con una antelación no superior a los 35 minutos sobre la hora de la cita indicada. A la hora de regresar a casa, una vez recibido el tratamiento médico, el enfermo no esperará más de 45 minutos en el centro sanitario. Si ha estado hospitalizado y recibe el alta, la recogida del paciente se producirá en un tiempo máximo de 90 minutos. Lo que no se fija (algo que sí se recogía en los pliegos de 2018) son los tiempos de traslado. Ahora, cuando la distancia sea igual o inferior a 25 kilómetros, el tiempo de traslado es inferior a 30 minutos en ambulancia A1 y a 50 minutos en A2. En todo caso, el tiempo de traslado no puede superar los 50 minutos en vehículos A1 y los 80 minutos en A2 (los colectivos). Esto se ha eliminado en el nuevo pliego.

Marta Carmona, diputada de Más Madrid, teme que “nos encontremos ante la enésima maniobra de la Comunidad de Madrid para retorcer las condiciones en las que se presta la asistencia con presupuestos más exiguos cada vez y abusando de las subcontrataciones. Con cada nuevo pliego, de los que ya hemos normalizado que se publiquen con más de un año de retraso después de la última prórroga, hay nuevas y más creativas formas de precarizar la atención a los usuarios, recortar económicamente los contratos y estirar indefinidamente la capacidad de trabajo de los profesionales. Todo en la línea de los últimos años en la Consejería de Sanidad, la última prioridad es la calidad de la atención”.

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