El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que su Ejecutivo está ultimando la plataforma digital que permitirá a las comunidades autónomas identificar las viviendas turísticas que no cuenten con autorización, con el fin de regular mejor el mercado inmobiliario. Hereu, durante su intervención en la sesión de control parlamentaria, ha aseverado que el Gobierno es “consciente de las dificultades que atraviesan algunas comunidades autónomas, como es el caso de Canarias, y comparte la lógica preocupación de sus ciudadanos” por una situación que requiere “respuestas adaptadas a la situación de cada lugar y coordinadas entre todas las administraciones”.
El anuncio, realizado ayer en Barcelona durante la celebración del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo sobre el desarrollo de un registro único para las viviendas de uso turístico, se encuentra actualmente en una fase final antes de su lanzamiento. La organización de la plataforma se está realizando por el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaria de Estado de Turismo y SEGITTUR. Este número de registro será obligatorio para que puedan incluirse en las plataformas de comercialización.
“Esta plataforma permitirá a las CCAA controlar y detectar aquellas viviendas turísticas que no cuenten con las autorizaciones correspondientes y así poder aplicar sus regímenes disciplinarios a este tipo de alquiler”, explicó el ministro, confiando en que esta herramienta ayude a los destinos turísticos a una mejor convivencia entre residentes y visitantes. Considera que, el gran reto actualmente, es lograr “gobernar al turismo” y modular la oferta “allí donde se necesite”.
Consumo investiga a las plataformas de alquiler
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió la pasada semana una investigación a las principales plataformas de viviendas turísticas. La Dirección General de Consumo afirmó haber identificado posibles prácticas comerciales desleales en estos sitios web, en los que se anuncian viviendas turísticas que operan sin licencia. Estos actos supondrían una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y puede “generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.
Las autoridades autonómicas y municipales han advertido al ministerio de que un número significativo de viviendas turísticas operan sin licencia en sus regiones, razón que ha motivado el arranque de esta investigación. En Madrid, por ejemplo, solo el 7,4% de los alojamientos disponibles operan con licencia. La Dirección General de Consumo ya ha enviado requerimientos a las “principales plataformas de alquiler turístico”, como podrían ser Airbnb o Booking, si bien el ministerio no adelanta ningún nombre; para obtener información sobre los alojamientos anunciados. Entre la información solicitada, piden identificar a los arrendadores que se publicitan en sus páginas web y si estos tienen las licencias pertinentes.
“En este país se ha normalizado la proliferación de pisos turísticos ilegales. Si una vivienda no tiene licencia, no debería poder publicitarse”, afirmó el ministro Pablo bustinduy en redes sociales. Según apuntan desde Consumo, las plataformas podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
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