Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, ha anunciado este martes en el Senado la interposición de una querella contra Ana Julia Quezada y, subsidiariamente, contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la grabación de un documental en la cárcel de Brieva (Ávila) sobre el caso. La producción finalmente no verá la luz, como así le comunicó la propietaria de la productora a la madre del pequeño.
“Ayer por la tarde hablé con la dueña de la productora que estaba grabando entrevistas con Ana Julia. La Guardia Civil les propuso que me llamaran. Me manifestó la voluntad de parar esa producción”, ha desvelado Patricia Ramírez durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado.
La madre de Gabriel Cruz también denunciará ante la Guardia Civil unos “hechos graves” que, según ha podido saber de varias fuentes, “están ocurriendo en la prisión de Ávila” donde se encuentra encarcelada Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el crimen del menor de 8 años. Antes de finalizar su intervención, ha pedido que “no se politicen las víctimas”.
Antes, ha relatado el periplo que la llevó a denunciar públicamente la realización de un documental sobre el asesinato de Gabriel Cruz contando con el testimonio de Ana Julia Quezada desde la prisión de Brieva, donde había mantenido numerosas llamadas con periodistas utilizando de forma fraudulenta su derecho a comunicarse con familiares y amigos.
Las palabras de Marlaska
Ramírez ha hecho referencia a las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien afirmó este lunes, preguntado por este asunto, que Instituciones Penitenciarias había “conjugado los derechos de internos y víctimas”. “Se está conjugando más hacia un lado que hacia el otro. Que no me diga nadie que están protegiendo mis derechos, porque no es verdad”, ha respondido la madre de Gabriel Cruz.
La ponente ha revelado reuniones con altos cargos del Ministerio del Interior su número 2, Rafael Pérez, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Pese a comunicarles que disponía de información sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la cárcel de Brieva “con la ayuda de funcionarios”, Interior acabó “cerrando la puerta” a Ramírez.
Según su testimonio, la única comunicación que ha recibido sobre la grabación del documental fue un escrito firmado por la directora de la prisión de Brieva, se informaba que Ana Julia estaba utilizando “de manera fraudulenta” su derecho como presa a mantener comunicaciones y estaba participando en la grabación de un documental para “recibir unos ingresos que destinaría a abonar la responsabilidad civil” por el asesinato de Gabriel y al “mantenimiento económico de su familia”. Así las cosas, la directora del centro penitenciario concluía que se le iban a denegar las comunicaciones con periodistas.
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