
En el Consejo General de Enfermería (CGE) están hartos de esperar que se cumpla una de sus reclamaciones históricas. A principios de año, el Ministerio de Sanidad se comprometió con el CGE a buscar vías para solucionar “la discriminación que sufren las enfermeras”, encasilladas en el subgrupo funcionarial A2. Tras las huelgas en Cataluña, tanto el conseller de Salut como la ministra de Salud aseguraron que abordarían la mejora de categoría profesional este 2024, pero tres meses después no se han dado novedades al respecto.
“De hecho, el Ministerio de Sanidad no deja de perder oportunidades”, afirma el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, en un comunicado difundido este martes. Denuncian que, aunque durante el año se han producido actualizaciones en materia sanitaria, se sigue manteniendo a los profesionales de Enfermería por debajo de otros trabajadores sanitarios, como médicos, dentistas o farmacéuticos. La última ocasión se dio este mismo lunes: Sanidad ordenó la creación de nuevas categorías dentro de las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, entre ellas las de enfermera/o especialista, encuadrada en el grupo A2. “Una auténtica oportunidad perdida más para reconocer a las enfermeras el grupo que les corresponde”, ha valorado Pérez Raya.
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Desde el CGE se insta al Ministerio de Sanidad a no demorar más los cambios legislativos necesarios para “acabar con esta injusticia para con las enfermeras españolas”.
La legislación aún distingue entre diplomados y licenciados
La diferencia en el grupo funcionarial entre enfermeros y otros trabajadores sanitarios se debe al antiguo sistema universitario, en el que la Enfermería era una Diplomatura y la Medicina, entre otros, una Licenciatura. Desde el año 2008, sin embargo, Enfermería es un Grado Universitario de cuatro años, periodo en el que se cursan 240 créditos de formación, al igual que otras carreras universitarias. Sin embargo, las enfermeras, cuando consiguen una plaza en la Administración Pública, acceden al subgrupo A2 en lugar de al A1.“Las leyes sanitarias en nuestro país están obsoletas”, aseguran desde el CGE.
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Estar incluido en una categoría profesional inferior supone menores remuneraciones. Los trabajadores dentro del subgrupo funcionarial A2 tienen unas retribuciones base de 14.992,66 euros brutos al año, mientras que los profesionales dentro del subgrupo A1 perciben 17.049,72 euros brutos anuales. También cambian las cuantías de los complementos, los trienios y las pagas extra.
De igual modo, la diferencia en la categoría profesional acarrea dificultades para acceder a puestos de dirección. “Lo que no puede ocurrir es que nos lleguen compañeros y compañeras de cualquier provincia de este país que están en cargos de gestión y los estén poniendo en la calle precisamente porque los tribunales se remiten a estas leyes, con más de dos décadas a sus espaldas, que los políticos hasta ahora no se han atrevido a modificar”, ha denunciado Pérez Raya.
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Por ello, el CGE insta a modificar las normas actuales, como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOSP) o el Estatuto Marco que acaben con la “discriminación de las enfermeras/os”. “Todas las profesiones con el mismo nivel de formación y responsabilidad tienen que estar en el mismo grupo a los ojos de la Administración, todas en el grupo A, sin distinción. Los matices vendrán después, en temas retributivos, por ejemplo”, ha añadido Pérez Raya.
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