El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana la intención del Ejecutivo de eliminar las Golden Visas (visas doradas), los visados de residencia que se obtienen si se invierte en España. El objetivo de Sánchez es “garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”, según ha señalado el jefe de Gobierno ante los medios de comunicación.
Desde 2013, año en el que se establecieron las Golden Visas, se han otorgado un total de 6.200 de estos permisos, la mayoría a compradores de inmuebles (96,18%) y por encima del medio millón de euros. Estos visados, no obstante, presentan riesgos significativos de corrupción, blanqueo de capitales, fraude y evasión fiscal, según la organización Transparencia Internacional. Un informe de esta ONG elaborado a finales de 2023 revela que los principales beneficiados son ciudadanos chinos y rusos, que acaparan las concesiones de este tipo de permisos.
Así, de los 6.200 visados concedidos, China ha obtenido 2.712 de ellos, siendo el 99,33% por adquisición de inmuebles. El gigante asiático también acapara las autorizaciones de residencia por inversión: sus ciudadanos han obtenido 5.870 de las 99.091 concedidas desde 2017 hasta 2022. Le sigue Rusia, a cuyos nacionales se ha otorgado un total de 1.159 visados (94,65% en relación a bienes inmuebles) y 4.350 autorizaciones por inversión inmobiliaria. De esta última nacionalidad, las inversiones superan los 3,4 millones de euros desde la aprobación de estos visados.
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Por detrás de chinos y rusos se encuentran las inversiones iraníes, quienes han obtenido un total de 203 visados en el mismo periodo, de los que el 9,01% se referían a adquisiciones de vivienda.
El silencio administrativo aumenta los riesgos de estos visados
Una de las preocupaciones principales para Transparencia Internacional con respecto a las visas doradas se refiere al silencio administrativo positivo que se les aplica. Ello significa que, si en un plazo concreto, en este caso de 20 días, no se resuelve el expediente, se concede automáticamente el permiso de residencia por inversión. Para la ONG, esto genera “oportunidades y riesgos de fraude, corrupción y blanqueo de capitales, especialmente al no exigir un análisis detallado de la procedencia de los fondos”.
Este es uno de los principales problemas: la Administración no tiene conocimientos de la procedencia de los fondos del solicitante en estos casos. Entre 2017 y 2022, España concedió 484 autorizaciones por silencio administrativo, un 3,8% del total. De ellas, 99 fueron concedidas a inversores chinos y otras 99, a inversores rusos.
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Estos riesgos han sido señalados igualmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE), quienes han llegado a afirmar que la popularidad de este tipo de visados “ha aumentado el riesgo de que actores ilícitos o utilicen estos programas para su beneficio” y para “perpetrar fraudes masivos y blanquear ganancias del crimen y la corrupción por valor de miles de millones de dólares”.
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