El Gobierno de Pedro Sánchez lo advirtió y ha cumplido su palabra. Cuando en septiembre del año pasado el grupo Saudi Telecom Company (STC) anunció la compra de una participación del 9,9% de Telefónica para convertirse en su primer accionista, el Gobierno español no tardó en salir al quite y manifestar que aplicaría “todos los mecanismos necesarios” para defender los “intereses estratégicos de España” y así lo ha hecho.
Primero al aprobar el pasado mes diciembre en Consejo de Ministros la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -el organismo dependiente de Hacienda que aglutina el capital en empresas- en el accionariado de Telefónica con un máximo del 10% de participación y convertirse así en su principal accionista. Y después al comprar esta semana un 3,044% de sus acciones, en concreto 176,04 millones de títulos, por un valor de 698,4 millones de euros.
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Este movimiento, según la SEPI, lo realiza “con vocación de permanencia” y contribuirá a salvaguardar las capacidades de la operadora que es “estratégica para los intereses nacionales” por su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y sus capacidades industriales, que son “determinantes” en áreas como la seguridad y la defensa.
Tras esta primera compra, el Estado español vuelve 27 años después al accionariado de Telefónica tras su privatización en 1997, cuando estando como presidente del Gobierno José María Aznar y Juan Villalonga de Telefónica, se efectuó la privatización del 21% de la empresa que mantenía el Estado. En esta operación se superaron las previsiones más optimistas, ya que se colocaron 191 millones de acciones y su demanda superó 5,4 veces la oferta.
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Privatización urgente
El Gobierno quiere que la SEPI se haga con el 10% de la operadora española “en el menor tiempo posible”, según manifestó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado martes 26. Alegría apuntó que la entrada de la SEPI en la teleco permitirá proporcionar “una mayor estabilidad accionarial” a la compañía y “salvaguardar su capacidad estratégica”.
El paso dado por el Gobierno tendrá consecuencias, a juicio de los analistas. Así Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, cree que este movimiento “está en línea con la participación de otros Estados en empresas estratégicas similares dentro de la UE”.
Ahora bien, considera que “para velar por el libre mercado, que es una característica fundacional de la UE, esa entrada no debe impedir o excluir la de cualquier otro accionista que quiera adquirir títulos de Telefónica, porque tanto en un caso como en otro los beneficiarios finales son todos los accionistas al captarse nuevos fondos e inversores”.
Por su parte, Javier Molina, analista senior de mercados de eToro, cree que la entrada en la operadora es “una importante estrategia de Estado”. Además, “garantiza la estabilidad de los principales accionistas de Telefónica, protege a la compañía de las fluctuaciones del mercado y garantiza una base accionarial sólida y predecible”.
¿Y ahora qué?
Tras el primer paso de la SEPI al hacerse con el 3% de la teleco se abren una serie de cuestiones, en opinión de Carlos Balado, la primera es cómo financiará la SEPI una operación que no está prevista en su plan de inversiones y el coste aparejado para el Estado de esta operación.
En segundo lugar, cuál va a ser el ritmo de adquisición del 10 por ciento del capital y sus efectos en la cotización de las acciones de Telefónica; y, en tercer lugar, qué decisión tomará STC a partir de la nueva configuración accionarial de la empresa de Telecomunicaciones.
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