
Tras el procés, el tejido empresarial catalán sufrió un duro golpe y el goteo constante de salidas de empresas de la región se ha mantenido durante todo este tiempo, aunque lejos de las cifras de 2017. Las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio convirtieron a Junts y a Puigdemont en el puente de Pedro Sánchez hacia la Moncloa, aunque este apoyo tiene un precio: la amnistía. Esta vuelta a la primera plana del secesionismo y los partidos independentistas ha generado cierto nerviosismo en las empresas, que han comenzado a trasladar su sede social a otras ciudades.
Concretamente, entre enero y junio del pasado año salieron de Cataluña 49 empresas, la cifra más baja para un primer semestre de la última década. Sin embargo, las elecciones generales del 23 de julio dieron un vuelco a esta buena racha. Pese a que el Partido Popular obtuvo más escaños que el resto, la ecuación democrática para alcanzar la mayoría en el Congreso no salía, lo que llevó al PSOE a entablar contactos con otras formaciones de cara a su investidura.
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Una de estas formaciones fue Junts per Catalunya, que sabía que se encontraba en posición de negociar. Amnistía, indultos, sanciones a empresas, gestión de la red de transporte... muchas fueron las demandas de la formación de Carles Puigdemont para apoyar la candidatura de Sánchez. Y lo cierto es que los pactos entre los dos partidos parecen haber causado cierto nerviosismo entre las empresas: en el segundo semestre -inmediatamente posterior a los comicios- el número de empresas catalanas que cambiaron su sede social a otras ciudades se duplicó con respecto a los seis primero meses del año, hasta alcanzar las 80 empresas.
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La incertidumbre sobre como evolucionará la situación en Cataluña no solo afecta a las empresas que salen, también a las que llegan: en los seis primeros meses del año se instalaron en la región 440 compañías, cifra que se redujo hasta las 288 entre julio y diciembre de 2023, según los datos del Informe sobre Cambios de Domicio Fiscal de Informa D&B.
Fuga masiva en 2017
Así, la situación empresarial en Cataluña sigue mostrando signos de debilidad. Por este motivo, Junts y ERC han exigido al Gobierno -en el marco de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez- que se fomente el retorno de las grandes compañías que salieron de la región por la inestabilidad política que se produjo en 2017. El temor a que Carles Puigdemont declarase la independencia -que hizo efectiva el 27 de octubre de ese año y posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional- provocó la fuga de más de 3.000 empresas en apenas dos meses, un goteo que no ha cesado en los últimos años.
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En total, más de 8.000 empresas han abandonado Cataluña desde el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, un hecho que ha desencadenado importantes consecuencias económicas para la región. El éxodo empresarial comenzó incluso antes del mencionado referéndum. En el año previo a la consulta, el número de empresas que decidieron abandonar tierras catalanas ascendió a 275 empresas.
Durante 2017, 1.863 empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña, mientras que solo 546 optaron por establecerse en la región, resultando en un balance negativo de 1.317 empresas. En total, los datos recabados por Informa D&B indican que en los últimos seis años se han marchado más de 8.000 empresas cuyas ventas sumaban más de 56.000 millones de euros.
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El Banco Sabadell desencadenó la salida masiva de empresas el 5 de octubre con el traslado de su sede social a Alicante, que poco después fue seguido por Caixabank, que se aprovechó del decreto ley aprobado por el Gobierno para facilitar la operación sin pasar por junta de accionistas y cambió Barcelona por Valencia. También dieron el paso Gas Natural Fenosa -ahora llamada Naturgy-, la Fundación Bancaria La Caixa, Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, VidaCaixa, Indukern, Planeta, Hotusa, Codorníu, Idilia Foods o Cementos Molins.
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