
Hugo del Prado es miembro de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional desde hace 15 años. El 30 de septiembre de 2017 fue enviado a Cataluña con motivo del referéndum de independencia que se celebró al día siguiente. Volvió a Barcelona en octubre de 2019, cuando se desataron las violentas protestas en la ciudad condal tras la sentencia del procés. Más de cuatro años después, 45 de sus compañeros siguen procesados por las cargas del 1-O. “Nadie les tiene que amnistiar de nada”, subraya en una conversación con Infobae España.
Pese al retroceso de la ley de amnistía en su tramitación parlamentaria tras el ‘no’ de Junts, Hugo está seguro de que la medida de perdón para el independentismo catalán acabará saliendo adelante, aunque no ve a los agentes investigados entre los beneficiados. “No nos sorprende”, afirma. Y es que cree que serán la “cabeza de turco” tras verse acusados en un “juicio político”.
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Este policía antidisturbios, delegado nacional de las UIP del sindicato Jupol, recuerda las escenas de “extrema violencia” que vivió en primera persona en las fechas más tensas del procés. A su juicio y el de sus compañeros, las acciones de Tsunami Democràtic y los CDR, investigadas en la Audiencia Nacional por terrorismo, estaban “absolutamente orquestadas y dirigidas desde el minuto cero”, nada que ver con los actos de la kale borroka en el País Vasco, “mucho más improvisados”.
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“Buscaban una desgracia mayor”
Pese a los daños personales y materiales registrados en los disturbios del 1-O y las protestas contra la sentencia del procés, Hugo asegura que sus instigadores, entre ellos Tsunami y los CDR, “buscaban una desgracia mayor”. Así se lo explicaban los agentes a sus familias en las escasas horas de descanso que se podían permitir. Este policía antidisturbios va más allá y relata que la noche del 18 de octubre de 2019 “no pararon hasta creer que había un muerto”.
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Hugo se refiere a su compañero Iván, el policía de las UIP que se jubiló por incapacidad permanente como consecuencia de las secuelas que le provocó el lanzamiento de un adoquín. El golpe le fracturó el cráneo y estuvo en coma durante más de 20 días. Recientemente se ha personado como acusación particular en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga por terrorismo a la plataforma Tsunami Democràtic.
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Tras el sorprendente voto en contra de Junts en el Congreso, el texto de la ley de amnistía vuelve a la Comisión de Justicia aún con la incertidumbre de si la medida de gracia beneficiará o no a los 45 agentes de la Policía Nacional procesados por las cargas del 1-O. Los propios funcionarios creen que “irán a juicio” contra lo que hacía pensar el contenido de la primera proposición de ley. Se basan en las presiones de Junts por cubrir todos los delitos de terrorismo y dejar fuera de la amnistía las torturas y los delitos contra la integridad moral que se atribuyen a los policías.
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