Informar al Estado sobre herencias sin reclamar tiene ‘derecho a premio’

Heredar de un desconocido es posible en España y para conseguirlo basta con informar al Estado sobre la existencia de una herencia sin herederos. Una actuación que puede salir muy rentable teniendo en cuenta que cada año más de 100 millones de euros procedentes de herencias se quedan sin adjudicar en nuestro país, según el despacho de abogados Navarro y Navarro, y esa cantidad sube hasta los 1.000 millones de euros en el conjunto de Europa.

Las herencias yacentes o sin reclamar se producen cuando el fallecido no tiene herederos legítimos, no se les encuentra o han renunciado a la herencia. Para que esos bienes no se queden sin dueño, la legislación establece que los ciudadanos que conozcan uno de estos casos puedan denunciarlo a la Administración. Si la denuncia es correcta, los bienes se los adjudica el Estado y el denunciante recibirá como recompensa una parte de esa herencia.

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Es el denominado ‘derecho a premio’ que consiste en una gratificación del 10% del valor del caudal hereditario obtenido tras la información. Según recoge Newtral, desde 2015 a 2022 Hacienda ha repartido cerca de dos millones de euros entre 125 informantes.

Desde el bufete Navarro y Navarro ponen el ejemplo del administrador de una comunidad de propietarios al que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció una recompensa del 10% de una herencia por comunicar al Estado el fallecimiento de una persona sin testamento ni cónyuge ni herederos que vivía en uno de los edificios que administraba.

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Las herencias denunciadas pueden contener cualquier tipo de masa patrimonial, desde fincas rústicas y cuentas bancarias, a viviendas, pólizas de seguros o fondos de inversión.

Ninguna herencia sin cobrar

El objetivo del Estado al ofrecer a los ‘cazaherencias’ el 10% de lo aflorado es “no perder ninguna herencia a la que tenga derecho por desconocimiento del deceso”, señalan desde el bufete.

El destino de esos ingresos los marca la ley. Establece que el Estado repartirá la herencia en tres partes. La primera se asigna a instituciones situadas en el municipio del difunto dedicadas a beneficencia, actividades sociales o profesionales, ya sean públicas o privadas. Otro tercio se destina a instituciones del mismo tipo, pero de ámbito provincial y el último tercio se lo queda el Estado y lo dedica a cancelar parte de la deuda pública del país.

Una misión detectivesca

Embolsarse la recompensa no es fácil, requiere una investigación digna del mejor detective privado. El informante debe demostrar que el fallecido no tenía familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad que puedan heredarlo y conocer todos los bienes que tenía el difunto.

El procedimiento comienza por dirigir un escrito a la Delegación de Hacienda de la provincia en que el fallecido tuvo su último domicilio. Tiene que adjuntar todos los documentos que posea relacionados con el fallecimiento como el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades para demostrar que no redactó testamento e indicar el domicilio del difunto en el momento de su muerte.

También debe incluir una relación de los bienes y derechos de los que era titular el causante y un informe de las personas que, en su caso, estuvieran disfrutando o administrando esos bienes.

Una vez presentada toda la documentación, la Delegación de Hacienda correspondiente debe realizar las comprobaciones necesarias para ver los derechos que puede tener el Estado en la herencia. En el tiempo que dure el proceso, la delegación debe conservar los bienes de la herencia, inscribir los inmuebles en el registro de la propiedad y depositar el dinero, los títulos y las acciones en la Caja General de Depósitos.

Los informadores corren el riesgo de que si a lo largo de la investigación se encuentra a familiares del difunto con derecho a la herencia, serán ellos los que la reciban.

En este caso, el Estado no percibirá nada y el denunciante se quedará sin recompensa. Algo, por otro lado, muy habitual, ya que en más del 95% de las herencias denunciadas existen herederos legítimos.

Si la administración considera que se trata de una herencia libre de herederos hará una declaración administrativa de herederos a favor del Estado. Después, la Dirección General del Patrimonio del Estado se pronunciará acerca de dar o no el premio al denunciante y establecer su cuantía. Si se han cumplido todos los requisitos y se reconoce la recompensa, Hacienda se la pagará al informador, que la recibirá entre cinco y ocho años después.