El Gobierno cierra la puerta a incluir las exigencias de los partidos políticos a cambio de convalidar las primeras grandes decisiones de Pedro Sánchez desde que volviera a ser elegido presidente. Se trata de los tres reales decretos-leyes que se someterán a convalidación este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso (estas normas con rango de ley necesitan ser ratificadas en un plazo de 30 días hábiles en la Cámara Baja; de lo contrario, decae su puesta en marcha).
En una entrevista ofrecida en TVE, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cerrado la puerta a las pretensiones exigidas por el PP, Junts y Podemos para permitir su convalidación toda vez que se ha mostrado confiada en que se logrará un acuerdo con los grupos políticos en torno a la aprobación en el Congreso del último paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una ley ómnibus que incluye la ley de función pública (es esencial para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos valorado en 10.000 millones de euros).
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Sobre las propuestas del PP para permitir la convalidación (se necesita más síes que noes) del nuevo de paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación y la crisis energética, Montero ha rechazado estas premisas porque “no cumplen ni con las recomendaciones de Europa ni una política fiscal que permita sostener el Estado del bienestar”.
Qué piden PP, Junts y Podemos
Los de Alberto Núñez Feijóo imponen hasta tres bajadas fiscales: la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros; que la rebaja del IVA de los alimentos incluya la carne, el pescado y las conservas; y mantener las rebajas de los impuestos al gas y a la electricidad frente a la subida gradual planteada en el último paquete de medidas. En palabras de la número dos del Gobierno, estas propuestas impiden “sostener las cuentas públicas”, por lo que no son tanto “exigencias” sino “justificaciones para trasladar que van a votar que no”.
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En el caso de Junts, sus reticencias para votar en contra de los tres decretos están relacionadas con uno de ellos: la ley ómnibus. Los de Carles Puigdemont creen que la modificación de la ley de enjuiciamiento civil puede afectar a la aplicación de la eventual ley de amnistía que se tramita en el Congreso, pues la reforma del artículo 43 bis de la ley sobre la “cuestión prejudicial europea”.
En esencia, los independentistas son conscientes de que la norma pone negro sobre blanco una práctica que ya es una realidad jurídica. “Junts sabe que el planteamiento tiene que ver con nuestra norma y el derecho comunitario”, ha valorado Montero. Por eso, la titular de Hacienda ha introducido otra cuestión que puede marcar la negociación: valorar “si hay otras cuestiones que a ellos les pueden resultar de interés”.
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Por otro lado, Podemos planteó este domingo sus dudas sobre su posición en la reforma del subsidio de desempleo porque supone un “recorte en las pensiones de jubilación para mayores de 52 años”, pero Montero espera que los morados anuncien su apoyo “a lo largo de las próximas horas” porque la cotización que existía para esta franja de edad ha dejado de ser necesaria tras la subida del salario mínimo. “Al aumentarlo [el SMI] un 45%, no hace falta esa sobrecotización”, ha zanjado.
La vicepresidenta primera ha enmarcado las primeras tensiones de la legislatura en el hecho de que “todos los partido hacen valer sus votos y su marca” y buscan ganar “visibilidad”. “Sabíamos que esta iba a ser una legislatura de diálogo”, ha comentado para rebajar preocupación ante la primera gran prueba de fuerza del Gobierno en el Congreso.
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