El bonus por desempeño al que podrán optar los funcionarios con la nueva ley de Función Pública

Son muchos los españoles que se presentan a una oposición con la esperanza de convertirse en funcionarios de la Administración General del Estado, los que consiguen este título, se verán afectados en la nueva medida que ha adoptado este martes, el Gobierno de España. La dirección ha aprobado un Real Decreto, el cual allana el camino para la implementación de la Ley de Función Pública, que había sido interrumpida previamente por la anticipación de elecciones. El nuevo texto introduce cambios significativos para los empleados públicos de la Administración General del Estado y se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acorde a los acuerdos con la Unión Europea.

La principal novedad consiste en la implementación de un nuevo sistema de evaluación del desempeño, el cual evaluará tanto la conducta profesional como el rendimiento del personal de la Administración. El Gobierno explica que el objetivo es lograr una “mejora de la productividad” que se traduzca en una “mejor prestación del sector público”. Estas evaluaciones fueron acordadas con los sindicatos como parte de la reforma de la Ley de Función Pública. Además, se destaca que no implicarán “en ningún caso” la pérdida de la condición de funcionario para aquellos que no las superen. En caso de obtener resultados negativos, se promoverán medidas de formación para proporcionar al personal las herramientas necesarias para un mejor desempeño.

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Aquellos que superen de manera satisfactoria este sistema de evaluación recibirán beneficios directos en diversas variables. La más destacada de estas será la remuneración del complemento de desempeño, el cual reemplaza al complemento de productividad.

Carrera horizontal con nuevos incentivos

El Ministerio explica que se promoverá la progresión en la carrera horizontal, un sistema que permite mejorar las condiciones del puesto sin necesidad de cambiar de empleo. La normativa empleará un sistema de tramos en el que se evaluará la trayectoria, el desempeño, la formación y la participación en actividades de docencia o investigación. Esta mejora podrá llevarse a cabo a través de la introducción de un complemento adicional de nueva creación.

Otra medida que se contempla es la creación del Instituto Nacional de Administración Pública como agencia de empleo público, con el propósito de fortalecer su papel en las políticas de selección y formación de los empleados públicos, así como su función como generador de conocimiento para las Administraciones Públicas.

Además, se introduce una modificación en el sistema de acceso a la Administración mediante una nueva regulación para la planificación estratégica de recursos humanos, desarrollada por la Secretaría de Estado de Función Pública. Estos planes determinarán la actividad y las contrataciones en el sector público.

Sin embargo, el principal refuerzo llega especialmente a la oferta de empleo público, estableciendo plazos “irrenunciables” para la ejecución de las plazas promocionadas, con el objetivo de evitar retrasos pasados. Entre las novedades, se permite que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofertarse si no han transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta. Además, se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque concursos unitarios abiertos y permanentes a través de la Secretaría de Estado de Función Pública para cubrir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios. El propósito es promover una ocupación más efectiva de las plazas que requieran cobertura.

Los procesos de selección también cambiarán

En lo que respecta a los procesos de acceso y selección de empleados públicos, se promoverá un modelo “más ágil y eficiente” mediante la limitación temporal de los procesos selectivos y la regionalización de las pruebas. En este sentido, se establecerá la obligación de publicar las convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, las cuales deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de dos años.

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Además, se limitará a un año la duración del proceso de oposición. Con el objetivo de garantizar procesos más uniformes, el Ministerio de Hacienda y Función Pública estará facultado para desarrollar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos, un instrumento vinculante para todas las fases de selección.

Por último, se llevará a cabo una reforma en las pruebas para la selección de nuevos miembros de la Función Pública, con el propósito de que el modelo de selección se adapte a las funciones a desempeñar en los puestos ofertados. Se enfocará en evaluar competencias y habilidades, y se profesionalizarán los órganos de selección, brindándoles mayor formación en áreas como técnicas de selección por competencias, igualdad de género y atención a la diversidad.