La Fiscalía pide penas de hasta 27 años de cárcel para los CDR acusados de terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de entre 8 y 27 años de prisión para los 12 integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de delitos de terrorismo y otros por sus acciones en Cataluña en 2019, planificadas de cara al aniversario del 1-O y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas del procés.

En su escrito, el ministerio público acusa a ocho de los 12 investigados de un delito de pertenencia a organización terrorista, otro de tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y un tercero de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Para cada uno estos ocho presuntos integrantes de los CDR la Fiscalía pide 27 años de cárcel, mientras que para los cuatro restantes solicita ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista.

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Cabe recordar que los procesados en esta causa de los CDR se beneficiarían de la ley de amnistía una vez sea aprobada, ya que en el texto de proposición de ley se expone que serán amnistiados los delitos de terrorismo siempre y cuando no exista una sentencia firme.

Apertura de juicio

La petición de la Fiscalía llega después la apertura de juicio oral por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una vez el juez instructor Manuel García Castellón concluyó el sumario del caso. Varios de los procesados recurrieron esta resolución solicitando la práctica de diligencias de investigación, pero los magistrados de la Sala de lo Penal las consideraron innecesarias. Ahora cabe esperar que próximamente se fije la fecha para la celebración del juicio.

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Este procedimiento surgió a raíz de la operación Judas, que en septiembre de 2019 desarticuló el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por individuos de diferentes CDR notablemente radicalizados y que pretendían, mediante el uso de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón describió a esta cúpula como “una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados”. Lo harían utilizando explosivos y otras sustancias incendiarias fabricadas en laboratorios clandestinos.

Así, el magistrado determinó que los procesados habían participado en cortes de carreteras, la creación de los centros de coordinación (CECOR) y asumieron el encargo de un denominado “CNI catalán” para que aportasen infraestructura logística con el fin de cometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament de Cataluña.