
La nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha estrenado cargo con el pie equivocado. El intercambio de carteras se ha consumado con un minuto de silencio por todos los inquilinos. La socialista deja Política Territorial y la portavocía del Gobierno para ponerse al frente de una cartera que se presenta como el “quinto pilar” de la legislatura. La Ley de Vivienda, aprobada el pasado mes de abril, no ha cumplido las expectativas. La ministra entrante, en su primera intervención, se ha comprometido a defender los intereses de los “pequeños propietarios”, unas declaraciones que no han sentado para nada bien entre los socios de investidura.
“Quiero tener un mensaje de tranquilidad y esperanza para los pequeños propietarios. Este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que muchas personas, especialmente personas mayores, han dedicado todos sus ahorros a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también los vamos a proteger”, ha defendido Rodríguez minutos después de recibir su cartera. La propuesta, que ha generado revuelo en las redes sociales, cobra más sentido al consultar la declaración de bienes de la diputada, que ha conseguido su escaño por la circunscripción de Ciudad Real.
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Isabel Rodríguez, que cobraba un salario de 6.617,93 euros brutos al mes como ministra de Política Territorial, tiene tres viviendas a su nombre. Los tres inmuebles, de naturaleza urbana, son fruto de distintas compraventas. Las dos primeras adquisiciones —Rodríguez aparece como copropietaria— datan respectivamente de 2004 y 2011. La tercera compra, de la que figura como única titular, se formalizó en 2018. Todas ellas están registradas en Ciudad Real. La socialista, que aterrizó en el Consejo de Ministros hace dos años, había sido antes diputada —entre 2011 y 2019— y senadora —entre 2004 y 2007— por el PSOE.
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Su antecesora en el cargo y compañera de partido, Raquel Sánchez, llegó al Gobierno en julio de 2021. La exalcaldesa de Gavà (Barcelona) asumió la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con un alegato a favor de la intervención pública para conseguir precios asequibles. La catalana era partidaria de regular los alquileres y sus políticas como regidora se acercaban más a lo que defendía Unidas Podemos, por aquel entonces socio prioritario del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El PSOE y la formación morada cerraron hace unos meses la actual Ley de Vivienda, que era uno de los principales escollos por las distintas posiciones respecto a la limitación de los precios. El texto redefinió la figura del “gran propietario”, todo aquel que tiene diez o más inmuebles a su nombre. Isabel Rodríguez no supera este tope y figura como pequeña propietaria.
Un debut empañado por la polémica
No todo han sido tropezones. Isabel Rodríguez, durante su primer discurso como ministra, también ha calificado la vivienda de “derecho constitucional” y ha aprovechado para “solidarizarse” con los jóvenes, que cada vez tienen más problemas para pagar un alquiler, comprar una casa y pedir una hipoteca. “Quiero hacerme cargo de esa sensación, de la frustración de muchos jóvenes que tienen serias dificultades para acceder a una vivienda”, ha puntualizado más tarde la socialista. La polémica, sin embargo, ya estaba servida.
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Los sindicatos de inquilinos y los socios de Gobierno no han tardado en criticar la “poca ambición” de la titular de Vivienda. El diputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha reconocido que la propuesta choca de lleno con la hoja de ruta acordada. “No es por aquí. Esto es seguir alimentando el bloque social rentista que después hostiga cualquier intento de avance en derechos”, ha lamentado. La portavoz de Vivienda de Sumar durante la campaña, Alejandra Jacinto, ha puesto el foco en el “afán especulativo” de los pequeños propietarios y ha sentenciado los el debut de Isabel Rodríguez como ministra: “Mal empezamos”. La exministra de Igualdad, Irene Montero, también ha cargado contra la bancada socialista por no “proteger a las familias de los buitres”.
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