El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha solicitado a través de una exposición razonada al Tribunal Supremo que investigue por un delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la líder de ERC, Marta Rovira y los otros diez imputados en la causa del Tsunami Democràtic.
García Castellón argumenta que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que el magistrado no puede abordar al estar aforados tanto Puigdemont como el diputado del Parlament catalán Rubén Wagensbers, también investigado en la causa, según ha informado este martes la Audiencia Nacional.
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El escrito del magistrado al Supremo señala que Carles Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic y añade que su posición como expresidente y líder del independentismo desde Bruselas le confiere “una posición de autoridad incuestionable”.
Según explica el juez, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios, detalla, se encuentran los mensajes a través del móvil entre los investigados Josep Lluís Alay y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de la red social X (antes Twitter) del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.
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Muerte de un ciudadano francés
Para García Castellón no se puede minimizar el impacto que tuvo para la vida e integridad de las personas. Así, vuelve a subrayar que en el marco de las acciones de Tsunami en el aeropuerto de Barcelona-El Prat se produjo el fallecimiento de un ciudadano francés que murió de un infarto. Por ello, considera necesario averiguar si el colapso del aeropuerto pudo influir de algún modo en el resultado letal. “Dicho de otro modo, se trataría de descartar que el fallecimiento (…) se podría haber evitado el 14/10/2019″.
Cabe recordar que los Mossos d’Esquadra no mencionaron la muerte de este ciudadano en sus informes sobre los altercados de Tsunami Democràtic en el citado aeropuerto, que el juez califica como constitutivos de un delito de terrorismo: “En este momento procesal la calificación no puede plantearse en términos excluyentes, sino que, la gravedad de los hechos y su complejidad, permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea”.
Poco después de conocerse este escrito, la Audiencia Nacional ha informado que el presidente de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, ha abierto un expediente gubernativo en el que requiere a García Castellón el escrito en el que un investigado de la causa del Tsunami Democràtic, Oriol Soler, pedía apartarle del procedimiento por unas declaraciones del magistrado sobre la ley de amnistía, una solicitud que el propio juez rechazó.
Ahora, el presidente de la Sala de lo Penal le recuerda que es ese órgano el “competente para resolver los incidentes de abstención y recusación de los magistrados” de instrucción de la Audiencia Nacional, por lo que le solicita toda la información relacionada con la petición de Oriol Soler.
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