El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado para el próximo lunes día 6 de noviembre un pleno extraordinario en el que los vocales debatirán una posible declaración institucional contra la futurible ley de amnistía que investiría a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con el apoyo partidos separatistas como Junts y ERC.
Según ha informado el CGPJ en una nota de prensa, la convocatoria se produce a la raíz de la petición de ocho magistrados conservadores, todos elegidos a propuesta del Partido Popular. Se trata de los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y Ángeles Carmona.
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El texto que acompañaba la petición de estos magistrados señalaba que “el Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.
Ahora, el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cinco años de mandato caduco, aprueba la celebración del pleno extraordinario en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que debe celebrarse “si lo considerase oportuno el presidente o si lo solicitasen cinco vocales”. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ también recoge la celebración de una reunión extraordinaria cuando sea solicitada por escrito al presidente por cinco o más vocales.
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Guerra abierta en la judicatura
Este movimiento ha generado un choque frontal entre los vocales firmantes y los del sector progresista, que se oponen a dicha declaración institucional. Los segundos consideran que sus colegas están tratando de intervenir en la política.
El enfrentamiento se ha trasladado a toda la judicatura. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, ha manifestado en un comunicado su “más firme rechazo” a la futurible ley de amnistía, dado que a su juicio “tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial”. Además, la APM ha subrayado que supondría “el principio del fin” de la democracia española.
Por contra, la asociación Juezas y Jueces para la democracia, la tercera en número de asociados, ha acusado a los vocales conservadores que solicitaron el pleno extraordinario de “transmitir una penosa imagen de servilismo”. “Los ocho vocales del CGPJ designados por el Partido Popular saben que no tienen competencia para informar sobre proyectos o proposiciones de ley, pero no les importa embarrar a la judicatura en la confrontación partidista”.
Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria, la segunda en asociados, se ha mantenido al margen de la confrontación y no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto.
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