El Gobierno brinda su apoyo al turismo con una nueva línea de avales: el sector ha solicitado 240 millones de financiación en 2023

El turismo fue uno de los sectores que más sufrió los coletazos de la crisis sanitaria, llevando a muchos locales a la reconversión de sus negocios e incluso al cierre. Tras la pandemia, la subida de costes derivada de la guerra de Ucrania volvió a poner en jaque al sector, que aún no había alcanzado la plena recuperación. Ante estas situaciones, el Gobierno puso en marcha líneas de crédito para salvaguardar la estabilidad de estos negocios. Sin embargo, tras un verano que ya se puede calificar como un gran éxito, el Gobierno ha querido seguir apostando por este sector, que como nuevo reto tiene que enfrentarse a la digitalización y a la transición ecológica. Para ello, el Ejecutivo en funciones ha movilizado una nueva línea de crédito de 1.000 millones de euros a cargo de los fondos europeos centrados únicamente en el turismo.

El sector turístico fue uno de los que más se acogió a los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), primero en la línea de créditos de la pandemia y posteriormente, en la línea de avales por la guerra de Ucrania. El Gobierno puso en marcha en mayo del pasado año un plan en el que incluía la puesta en marcha de nuevas de crédito avaladas por el Estado a través del ICO por un importe de 10.000 millones.

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En la actualidad, se encuentra abierto un montante de avales por un importe máximo de 5.000 millones, de los que 3.500 millones están dirigidos a autónomos y pymes que han estado afectados por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, mientras que los otros 1.500 millones los pueden solicitar compañías de mayor tamaño.

El aval público máximo que pueden obtener los beneficiarios de estos préstamos ICO tras la guerra es de un 80%, y el periodo de carencia que se puede disfrutar por esta financiación es de 12 meses. Los bancos tendrán que mantener abiertas las líneas de circulantes para aquellas empresas que obtengan un crédito por la invasión de Ucrania. De esta línea de crédito, el sector turístico acumula el 6,3% del total de los créditos otorgados durante los ocho primeros meses del año, con más de 238 millones de financiación en 2023, según los datos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Nueva línea de ayudas

Ahora, el turismo español contará con 1.000 millones de euros adicionales procedentes de una nueva línea del ICO tras la revisión del plan de recuperación de España, aprobado este lunes por la Comisión Europea, que movilizarán un total de 93.500 millones de euros adicionales.

Este montante estará dirigido a la realización de proyectos para el desarrollo de nuevos productos o servicios, nuevos procesos organizativos o de innovación que permitan un ahorro en el consumo de recursos y menor generación de residuos, además de las inversiones dirigidas a aumentar la categoría del establecimiento y mejorar la sostenibilidad del inmueble, tal y como ha comunicado el Gobierno en funciones.

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“Damos un paso importante para poner en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación” aseguraba vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, que celebraba que con estos recursos España va a poder reforzar los proyectos que están en marcha y culminar el “ambicioso” programa de inversiones de aquí a 2026.

La Comisión Europea ha valorado positivamente la Adenda al Plan español, señalando que “el plan permite hacer frente a los nuevos desafíos” del contexto internacional y energético en particular, y destacando que supone “una respuesta adecuada y equilibrada a la situación económica y social”.

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En total, el Plan de Recuperación permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB de España, que se unen a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027 para culminar un ambicioso programa de inversiones modernizadoras del país.

El despliegue del Plan de Recuperación está siendo decisivo en el crecimiento y el cambio estructural de la economía española, favoreciendo el incremento de casi un 5% de la inversión, especialmente relacionada con la transición verde y digital, aumentando la productividad y competitividad de las empresas españolas, situando a España a la vanguardia en digitalización e impulsando la estabilidad en el empleo y el aumento de la ocupación en sectores de alto valor añadido.