Ha costado que por el camino se rechacen más de 100 querellas, pero este viernes se hará historia en la Justicia española. Julio Pacheco, nacido en 1955, será la primera víctima de torturas durante el franquismo que declarará ante un juez del Estado español, donde también actuará de testigo su pareja, Rosa García.
La declaración tendrá lugar en los Juzgados Plaza de Castilla de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y las organizaciones por la Memoria Histórica han celebrado el acontecimiento, el primer paso en busca de reparación para Pacheco, que sufrió torturas policiales en la sede de la Dirección General de Seguridad de Madrid en 1975, unos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco.
“Es la primera vez que el Estado español admite a trámite una querella por un caso de torturas durante el franquismo, en contexto de crimen contra la humanidad, e inicia una investigación por el mismo”, ha declarado Amnistía Internacional, que celebra este primer paso para una futura investigación de los hechos. Están llamados a declarar como querellados varios miembros de la Brigada Político Social: José Manuel Villarejo Pérez; José María González Reglero; Alvaro Valdemoro; José Luis Montero Muñoz.
Villarejo llegó a ser comisario de la Policía Nacional durante la democracia y ha estado envuelto en importantes casos de corrupción dentro del entramado conocido como Las cloacas del Estado, donde también se vieron envueltos altos cargos del Partido Popular cuando Mariano Rajoy estaba en el Gobierno.
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La plataforma CEAQUA, coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, acompaña al hombre en todo el proceso y apunta que “los hechos se cometieron en un contexto de crímenes contra la humanidad, esto es, formando parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y se dirigen, en su totalidad, contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la dictadura franquista (Guardia Civil, Policía Armada y Brigada Político-Social)”.
La de Pacheco fue la cuarta de las querellas lanzadas durante 2023. Ninguna otra ha prosperado, a pesar de que hay una querella en los Juzgados de Instrucción de Ferrol como consecuencia del asesinato de Moncho Reboiras en 1975, otra en los Juzgados de Instrucción Valencia por las torturas sufridas en el año 1972 por Vicent Almiñana y una más en los Juzgados de Instrucción de Pamplona como consecuencia de las torturas sufridas por María Concepción Edo Gil en 1973. Tan solo la de Pacheco ha iniciado un proceso en busca de justicia y reparación.
Aun así, CEAQUA pide algo más de actividad por parte de la Justicia. “Los Juzgados y Tribunales españoles deben aplicar a estos casos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional en aplicación de lo establecido en el artículo 10.2 y 96 de la Constitución española, tal y como lo aplican cuando han tenido que investigar y enjuiciar crímenes de Derecho Internacional cometidos por terceros Estados o, incluso cuando han tenido que resolver expedientes de extradición a requerimiento igualmente de otros Estados”, apuntan.
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