El Gobierno alerta de la sequía tras su incontestable avance durante este verano: “La situación requiere medidas estructurales”

El final del verano no podía tener otro desenlace. Recuperada la actividad parlamentaria, el Gobierno ha presentado un detallado informe que recopila las incidencias del verano y del cambio climático. Si durante esta época estival ha sido evidente el impacto de la crisis climática en la vida diaria de los españoles, el Ejecutivo en funciones ha puesto el foco —dentro de lo posible, ya que está acaparado por las peleas por la investidura— en que el calentamiento global requiere medidas amplias, consensuadas y contundentes.

En palabras de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), hay que “seguir trabajando en lo estructural”. La escasa reserva de agua en los embalses, el fuerte incendio de Tenerife, el descenso en picado de la producción de aceite de oliva y el resentimiento de los cultivos de secano por la falta de lluvias y de regadío por la necesidad de equilibrar el gasto de agua dibujan un escenario que ya no es capaz de autorregularse y que necesita de medidas políticas para disminuir su impacto social, medioambiental y económico.

El informe co-elaborado por el MITECO y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirma los datos acaparados durante todo el verano. Las precipitaciones han bajado un 17,1% y el 14,6% del territorio está en emergencia por sequía, sumado a otro 27,4% que por ahora está en alerta. Lejos de interpretaciones erróneas de las lluvias, la ministra Ribera ha confirmado que las precipitaciones por la DANA no ha mejorado la situación de los embalses: “Esa agua ha venido bien para acumular agua en el suelo, pero no genera un cambio significativo en las reservas disponibles”, aseveraba en rueda de prensa. Esta misma semana, el dato de los embalses ha vuelto a confirmar que la capacidad está al 37%, igual que antes de la DANA y muy por debajo de la media histórica de la década.

Ribera reconoce que han tenido que aplicar antes de lo previsto durante 2023 “medidas extraordinarias frente a la sequía”. De hecho, aunque la ministra aplaude que todo el país en líneas generales no ha tenido problemas de abastecimiento, la emergencia declarada en Cataluña y los cortes nocturnos en varios pueblos de Málaga, algo inédito en la historia de estas regiones, ha puesto de manifiesto la degradación de la situación.

Las medidas han sido amplias: se han invertido 12.000 millones de euros en planes hidrológicos pensados hasta 2027 que cuentan entre sus funciones con la desalación, mejora de las conducciones y la ampliación de infraestructuras de regulación. Además, se han destinado otros 2.130 millones a la modernización de regadíos para la reducción de fugas y pérdidas, aunque desde las organizaciones ecologistas aseguran que su impacto no es tan señalado y que la única forma de controlar de verdad las reservas hidrográficas en un contexto de sequía es limitando la actividad de regadío, que a su vez es clave para la prosperidad económica de muchas regiones.

Pasos para normalizar la relación con Doñana

Junto al Mar Menor, el estado del Parque Nacional de Doñana es uno de los mejores reflejos del malestar medioambiental en la península. Con la UNESCO incluso encima de la gestión de la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno ha querido dar pasos hacia la protección del entorno y ha anunciado que destinará fondos europeos y propios para la compra, por 70 millones de euros de las 7.500 hectáreas de la finca ‘Veta La Palma’, ubicada en La Puebla del Río (Sevilla), para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana en un 14% y evitar así la desecación de una amplia zona de alto valor ecológico.

Durante este verano, la laguna Santa Olalla, la más grande del Parque Nacional de Doñana, amaneció completamente seca. 2023 ha sido el segundo año consecutivo en el que esta albufera sufre las consecuencias de la sequía y se queda sin nada de agua, algo que desde que hay registros nunca se había presenciado.

La presión ejercida sobre la Junta de Andalucía parece haber surtido efecto, pero la ministra Ribera ha mantenido un discurso firme y no se ha dejado amilanar por una sola medida después de varios meses en conflicto con el PP de Andalucía, que pretende aumentar los regadíos en Doñana, algo que contribuiría a la desertificación de un terreno ya por sí muy seco: “Esto debería formar parte de las actuaciones prioritarias como se señaló en noviembre de 2022 por parte de la Administración General del Estado y que no ha contado hasta la fecha con ninguna contribución por parte del Gobierno autonómico, que es quien debe gestionar Doñana”.