Las calles que habitamos están llenas de significado y en muchos casos se mantienen nombres y símbolos que ciertos colectivos sienten como perjuicio. Es el caso del pueblo gitano, que pide desde hace años que se elimine el nombre del Marqués de la Ensenada de las calles y plazas de España en protesta por haber llevado a cabo la llamada Gran Redada, con la que intentó exterminar al colectivo cuando era ministro de Fernando VI en 1749. Hasta 12.000 personas gitanas fueron encarceladas.
Se trata de un reclamo histórico del pueblo gitano, explica a Infobae España Mariano González, director gerente de la Unión Romaní de Madrid, que recuerda que en Cádiz y otros puntos de Andalucía ya se ha eliminado el nombre del político español del callejero y en su lugar se han puesto nombres de gitanos y gitanas ilustres. “Supondría una reparación que Madrid y otras ciudades españolas siguieran el ejemplo de Andalucía”, asegura González, que también reclama que se reconozcan símbolos como su bandera y tradiciones.
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A quienes que no ven razonable retirar este tipo de nombres de los callejeros —al igual que ocurre con los símbolos franquistas—, González les invita a que se pongan en el lugar de esas personas que han sufrido discriminación por su origen étnico. “Lo entenderían mejor si tuvieran a algún familiar, porque, sin duda, estos gestos nos hacen convivir mejor”.
Cambios en los libros de texto
Otras de las reivindicaciones es que se incluya en los libros de texto el Samudaripen o Porrajmos, el intento de exterminio gitano durante la Segunda Guerra Mundial que conllevó el asesinato de más de 500.000 romaníes europeos. Con este tipo de reformas educativas, apunta, se podría aspirar a prevenir la discriminación desde los colegios. El genocidio gitano fue reconocido oficialmente por el Parlamento Europeo en 2015 y se declaró el 2 de agosto como Día Europeo Anual de Conmemoración del Holocausto Gitano.
“El Samudaripen es solo un episodio desgraciado más en nuestra historia y de no reconocimiento”, indica González, que lamenta asimismo que los libros de texto “siempre hayan obviado” al pueblo gitano cuando sí reflejan “la historia de judíos y moriscos”. “Es momento de que cerca del millón de gitanos y gitanas que viven en España se vean reconocidos en los libros de Historia con todos los padecimientos que ha habido”, señala.
La primera ley antigitana en España fue promulgada por los Reyes Católicos en 1499, una norma que les obligaba a vivir de “oficios conocidos” y a establecerse en el lugar donde se hallasen en ese momento, pues, de lo contrario, serían expulsados en un plazo de 60 días. González recuerda que “los gitanos dejaron de ser considerados como ciudadanos de segunda clase” con la llegada de la Constitución de 1978, año en el que el Ministerio del Interior ordenó la eliminación de un reglamento de la Guardia Civil aprobado en 1943 que contenía medidas que se consideraban discriminatorias para la población gitana.
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Una legislatura con pocos avances
González se muestra agradecido con el gesto que Pablo Iglesias tuvo en 2020, cuando era vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, al pedir perdón al pueblo gitano en nombre del Gobierno por el “racismo institucional” hacia ellos en la historia de España. Sin embargo, el representante de la Unión Romaní madrileña asegura que a lo largo de esta última legislatura “ha habido muy pocos avances a nivel institucional y político” y se muestra preocupado por la pérdida de representación gitana en los próximos cuatro años.
Hasta hace poco el Congreso contaba con la participación de Beatriz Carrillo, del PSOE, que ya no competía, Sara Giménez, de Ciudadanos, partido que no se presentó a las elecciones, e Ismael Cortés, de En Comú, que no repetía en las listas: “Teníamos a tres diputados y ahora no tenemos representación política ni en el Congreso ni en ningún parlamento regional. Hay que reflexionar sobre ello”, concluye González.
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