La defensa de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en Colombia y al activista José Miguel Lobo le tocó vivirlo en primera persona. Se vio obligado a abandonar su país debido a las amenazas de muerte que recibió por haber trabajado en la implementación del proceso de paz después del histórico acuerdo alcanzado en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, un pacto que puso fin a 52 años de un conflicto armado interno que causó más de 250.000 muertes y seis millones de desplazamientos internos.
José Miguel, que llegó a España en diciembre de 2019 y un mes después solicitó protección internacional, aún recuerda su proceso de pedir asilo como una “odisea”. A los ya de por sí lentos trámites burocráticos, señala, en su caso se sumó además la pandemia. “Presenté la documentación en enero de 2020 y me denegaron el asilo seis meses después con hechos que no había descrito en mi declaración inicial y junto a una carta en la que me decían que tenía que abandonar el país en 15 días”, cuenta a Infobae España al tiempo que lamenta que las solicitudes de asilo no se estudien mejor: “Se deniegan desde la comodidad de un escritorio, sin importar que si regresas a tu país de origen te pueden matar”, añade.
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En su caso, explica el joven colombiano, la respuesta a su solicitud de asilo fue negativa a pesar de que presentó “numerosas pruebas y cartas de recomendación” de las entidades con las que trabajó en Colombia, como Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. “Prácticamente hice un testamento”, resume. Poco después decidió presentar un recurso de reposición con la ayuda de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y, tras una “larga espera de dos años” e incluso haber acudido al Defensor del Pueblo, le otorgan la protección: “Hice todo lo que estaba en mis manos para salvaguardar mi vida”, asegura.
“Gracias al recurso pude seguir trabajando, pero hay mucha gente que ni siquiera puede acceder a la primera cita [para formalizar el asilo] y están en situación de calle”, indica José Miguel, quien pese a las dificultades del proceso se siente agradecido con España por acogerle.
Durante los dos años de espera vivió con “miedo, incertidumbre, ansiedad y tristeza”, entre la sensación de no sentirse “ni de aquí”, porque su nombre no aparecía en los registros, “ni de allá”, porque tuvo que dejar su país. Por eso cree que eliminar barreras “ayudaría, sin duda, a alivianar la situación” de quienes solicitan protección.
España rechaza la mayoría de peticiones de asilo
En España, del total 118.842 personas que pidieron asilo en 2022, solo 14.235 resoluciones de protección internacional fueron favorables, un 16,5%, mientras que 51.838 fueron rechazadas, un 59,5%, según informó este lunes CEAR al presentar su informe La situación de las personas refugiadas en España y Europa. La organización humanitaria, que reclama un pacto social y político que blinde el derecho de asilo, ha denunciado las numerosas trabas para acceder al procedimiento y obtener una cita, así como “el criterio restrictivo de las autoridades para rechazar sistemáticamente resoluciones de personas”.
La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, por su parte, asegura que han agilizado los trámites de forma significativa y que en los últimos diez años “han duplicado el número de solicitudes de protección internacional tramitadas y que son elevadas a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio para su resolución (CIAR)”. Mientras en el período 2012-2015, “sólo se tramitó el 41,7% de las solicitudes de entrada, entre 2019 y 2023 el porcentaje de solicitudes tramitadas y elevadas a la CIAR ha subido hasta el 87%”, precisan. En esos últimos cuatro años, añade el ministerio, se han registrado 462.338 peticiones y 402.385 han sido ya resueltas y elevadas a la CIAR.
Regresar a una Colombia sin guerra
José Miguel sabe mejor que nadie que lograr una paz definitiva en Colombia es una tarea compleja, a pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro, a diferencia del de su antecesor Iván Duque, ha apostado por implementar una ambiciosa política para poner fin a la violencia armada en el país. “Una cosa es firmar el acuerdo de paz y otra pasar a los hechos, pero espero que la implementación que se está intentando desarrollar para que Colombia salga de esos 50 años de guerra termine de forma positiva”, dice con la esperanza de poder regresar en un futuro: “No puedo negar mis raíces, mi casa, a la que aprecio y espero volver”.
Mientras ahora se embarca en la también difícil tarea de homologar su título universitario en España, dice convencido que lo que más valora es la tranquilidad: “Eso no tiene precio”.
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