Se estrecha el cerco sobre las empresas en la UE que dañen con su impacto al medioambiente

Madrid, 7 jun. La regulación en la UE que obligará a las empresas a rendir cuentas sobre la huella de sus actividades sobre el medioambiente y los derechos, recién respaldada por el Parlamento Europeo, ha sido valorada por la sociedad civil y por grupos ecologistas porque opinan que pondrá freno a "la hipocresía de occidente", pero piden más ambición.

Conocida como directiva europea sobre "la diligencia debida" en materia de sostenibilidad, esta normativa que todavía tardará mucho tiempo en aplicarse, afectará a las grandes compañías que operan en la UE, pero asimismo a los socios de la cadena de valor, que también serán vigilados y evaluados por sus impactos sobre el medioambiente y los derechos humanos.

Estarán asimismo bajo la lupa los suministradores de la cadena de producción, encargados de ventas, distribución, transporte, almacenamiento, gestión de residuos y otros muchos ámbitos.

Según Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, se trata de una legislación protectora de los derechos humanos y el medioambiente que supone un gran avance, aunque echa en falta más concreción en temas como el cambio climático y mayor énfasis en el sector financiero, para que la regulación se aplique claramente a todos los sectores.

La idea es "universalizar un poco los valores de justicia y cuidado ambiental" en los procesos de producción, más allá de las fronteras europeas, ha añadido.

En el sur global, continúa, existen sectores "especialmente los extractivos", como la minería o el petróleo, con mucho impacto ambiental y social, pero también el textil, el agua, la alimentación.

La normativa intentará poner freno a "la mucha hipocresía" con la que "a veces actúa occidente" para traer del hemisferio sur productos baratos", según el responsable ecologista.

Las empresas tienden a trasladar allí su fabricación en condiciones que les son favorables y luego venden los productos en occidente "con buenos precios para competir: la ropa que compramos, la comida que comemos, y mucho más".

La resolución del Parlamento Europeo lo que plantea es que las empresas que incumplan esta futura normativa sean sancionadas por supervisores nacionales con multas de al menos un 5 % de su facturación global y que las no comunitarias en ese caso queden excluidas de las licitaciones públicas de la UE.

En cualquier caso el proceso de implantación de estas normas será todavía largo; de acuerdo a los plazos, empezarían a aplicarse a los tres o cuatro años de su entrada en vigor, en función del tamaño de la empresa, es decir, en 2028 como muy pronto.

Se trata de una normativa que se suma a lo que es todo un ambicioso paquete legislativo sobre sostenibilidad por parte de la Unión Europea (UE), convertida en buque insignia mundial por su compromiso con las políticas verdes para la transición ecológica hacia las energías limpias.

La iniciativa, como otras muchas, se enmarca en el llamado Pacto Verde, con el que la UE aspira a descarbonizar la Unión y reducir los gases de efecto invernadero para mitigar la crisis climática que amenaza al planeta; la base de la regulación coincide asimismo con los objetivos de la Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

La directora adjunta de la Fundación Global Nature, Amanda del Río, describe así el alcance de este regulación que supondrá un enorme "reto" en pro de la sostenibilidad mundial, porque exigirá a las grandes empresas que operen en la UE disponer de "toda la trazabilidad" de sus productos y todos los datos de la cadena productiva para darlos a conocer de forma proactiva y "transparente".

Se refiere al gran avance que supondrá dentro de la senda mundial hacia un planeta más verde, el que "las empresas de forma preventiva tengan que disponer de toda esa información para demostrar "sí o sí, que han cumplido con los criterios ambientales y sociales en toda la cadena de valor".

"Europa está aterrizando de verdad" en el camino de lo que sería la materialización real de sus ambiciosos objetivos de sostenibilidad; para que no queden en algo así como "un brindis al sol o un concepto meramente filosófico", comenta.

Tras el reciente respaldo del Parlamento Europeo que fijó su posición en esta materia, toca ahora que empiecen a negociar el Consejo (los Estados miembros) y la Comisión Europea la propuesta de directiva sobre "diligencia debida" que fue presentada por el Ejecutivo comunitario en 2022. EFE

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