El finiquito de los diputados del Congreso tras el anuncio de elecciones: entre 6.800 y 9.000 euros

El anticipo de las elecciones generales al 23 de julio anunciado el pasado lunes por Pedro Sánchez materializará una de sus consecuencias en la disolución del Congreso de los Diputados. Los 212 diputados han dejado de serlo a las 00:00 horas de este martes y, ahora, podrán cobrar una indemnización de transición en un pago único siempre que no tengan otros ingresos. A falta de un acuerdo expreso de la Mesa del Congreso, la previsión es que esa cantidad corresponda a 52 días de sueldo, como en anteriores legislaturas, y oscilaría entre los 6.800 y los casi 9.000 euros, en función de los complementos.

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Los diputados que pueden optar a este finiquito son 212 parlamentarios que no forman parte de la Diputación Permanente. Este pago debe ser solicitado expresamente por los miembros de la cámara y es incompatible con cualquier otro ingreso. Según Europa Press, esta transacción tributa en Hacienda.

Esta cuantía responde a la retribución que cobrarían los diputados de seguir en activo durante los 52 días que median entre la disolución de la Cámara y el día de reflexión, es decir, incluye la denominada retribución constitucional (3.126,89 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (958,75 euros para los de Madrid y 2.008,61 para el resto), y a esto se añaden los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso. Es por ello que la cifra podría oscilar entre los 6.800 de los diputados de base de Madrid hasta los 9.000 euros de parlamentarios de otras circunscripciones.

Acceso a la indemnización por paro

Una vez se celebren las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público, podrán solicitar una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

Ese ‘paro’ será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 3.126,89 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación se abonaría mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.

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