
Después de que la recién aprobada ley de vivienda se desatascara en el Congreso a mediados de abril, coincidiendo con la precampaña de las elecciones del próximo 28 de mayo, este asunto abrió grietas en la coalición del Gobierno por los posteriores anuncios de Pedro Sánchez en esta materia. Ante la movilización de 113.000 inmuebles para el parque público, impulsada por el ala socialista del Gobierno, Unidas Podemos dejó la solución al problema de la vivienda al albur del cumplimiento íntegro de la propia norma.
Dos meses después, ya casi en el ecuador de la campaña, las tornas han cambiado. Y es que, frente a la polémica por la emergencia de las empresas como Desokupa, Unidas Podemos se ha propuesto atajar este problema a través de un cambio en el Código Penal toda vez que el PSOE se desmarca y fía su solución a la ley de vivienda.
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Tras anunciar este miércoles la líder de Podemos, Ione Belarra, una iniciativa en esta dirección, su grupo parlamentario la ha llevado este mismo jueves al Congreso. No obstante, a pesar del anuncio y del registro de la proposición de ley, los morados no tienen una fecha establecida para su debate en el hemiciclo, según reconocen fuentes del grupo morado.
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En cualquier caso, a la espera de que el debate sobre la propuesta de Unidas Podemos tome forma entre las diferentes fuerzas del arco parlamentario, la iniciativa concita a priori el apoyo de los principales aliados parlamentarios del Gobierno, pero no del propio PSOE. En esta línea, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, ha apelado a la ley de vivienda aprobada definitivamente el miércoles en el Senado.
En su opinión, la norma ya “contempla todas las medidas que el PSOE ha querido trasladar” respecto a la okupación. “Cualquier otra consideración que haga un grupo durante la campaña tendrá que explicarlo el grupo”, ha defendido Montero toda vez que los socialistas mantienen la intención de incorporar al proyecto de ley de eficiencia organizativa una enmienda para “agilizar” los desalojos, criticada a su vez por las formaciones a su izquierda.
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“Vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables”, señaló Belarra en un mitin de campaña en Alicante. Dicho y hecho. La proposición de ley presentada por los morados plantea una reforma del Código Penal para “poner coto a esta situación, especialmente ante actuaciones como Desokupa”, tal como ha explicado el coportavoz de Podemos y diputado morado Javier Sánchez Serna.
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Penas de hasta cuatro años de cárcel
Así, el texto legislativo plantea castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel a personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, “hostiguen, acosen, discriminen o intimiden” a personas en situación de vulnerabilidad, creándose un nuevo tipo penal que permitiría incluso la disolución de organizaciones como Desokupa.
Además de este último supuesto, la reforma contempla el bloqueo de su acceso a internet y su consideración como asociaciones ilícitas, por lo que podrían ser perseguidas e imponerse a sus integrantes las correspondientes penas. “En democracia no se puede permitir que haya grupos que actúen al margen de la ley, como grupos parapoliciales”, ha agregado Sánchez Serna.
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Unidas Podemos sí ha encontrado en este asunto el apoyo de sus habituales aliados, los independentistas vascos y catalanes. Fuentes de ERC y EH Bildu, a favor de “perseguir al fascismo”, confirman su apoyo a la iniciativa en caso de que sea sometida finalmente a debate en el pleno. Por su parte, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también ha mostrado su predisposición a analizarla: “Desokupa es un grupo nazi, que se dedica a atemorizar a los pobres y no debería tener la complicidad de las autoridades. Hay que ponerse firme con ellos”, ha remachado en la Cámara Baja.
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