El acceso a la vivienda quita el sueño. Es una de las principales preocupaciones de los españoles, sobre todo en las grandes ciudades, y no es para menos. En Madrid el precio por metro cuadrado ha subido en un año un 12,8%, hasta los 16,41 euros por metro cuadrado, el más caro de España, según los últimos datos publicados este jueves por Fotocasa.
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En un intento de poner fin a este problema, el Senado ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Se trata de la primera en la historia de la democracia que tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y asequible. Pero ¿cuándo se considera que una vivienda es accesible?
Requisitos para que una vivienda sea asequible
Una vivienda es asequible cuando su coste no supera el 30% de los ingresos mensuales del hogar, incluidos también los gastos de electricidad, agua y gas. El Gobierno quiere promover este tipo de viviendas a través de la Entidad Pública Estatal de Suelos (SEPES) con un presupuesto de 375 millones. Este organismo tiene un total de 10 actuaciones residenciales adscritas al Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible que permitirá el desarrollo de más de 15.000 viviendas.
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Este tipo de pisos respaldados con capital público es conocido como vivienda de protección oficial (VPO). A continuación explicamos cuáles son las características de este tipo de viviendas, según informa la web Conceptos Jurídicos:
- Su precio es inferior al del mercado de la comunidad autónoma donde se encuentran
- No deben superar los 90 metros cuadrados, o 108 para personas con discapacidad. La excepción son las familias numeras, cuyos hogares pueden alcanzar los 120 metros.
- Deben destinarse permanentemente a un uso residencial.
- Generalmente, son pisos construidos por promotores inmobiliarios que llegan a un acuerdo con el Estado, reciben financiación estatal y entregan en compensación un número limitado de pisos de un proyecto para que sean adjudicados como viviendas de protección oficial.
-Cada comunidad autónoma evalúa las viviendas que entrarán en esta categoría y las pone a disposición de los habitantes de cada municipio. La diferencia entre el coste de una vivienda de protección oficial y el que tendría en el mercado general, la cubre el Estado y la comunidad autónoma, recalca la citada web.
Novedades de la Ley por el Derecho a la Vivienda
Entre otras custiones, esta norma ofrece instrumentos a los gobiernos regionales para limitar el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda pública y privada a precios asequibles. Pondrá en foco en aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso y en los ámbitos en los que existe una mayor tensión en el mercado.
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