Juzgan a dos guardias civiles por el contrabando de 2.100 kilos de hachís en el puerto de Borriana

Dos agentes de la Guardia Civil se han sentado en el banquillo de los acusados por su supuesta participación en el contrabando de un cargamento de 2.100 kilogramos de hachís en el puerto de Borriana, en la provincia de Castellón. La sección primera de la Audiencia Provincial los juzga, junto a otras siete personas, por haber facilitado la entrada a las instalaciones portuarias de los 70 fardos en los que estaba dividida la droga.

Los hechos que se dirimen desde esta semana ocurrieron el 17 de junio de 2015 cuando parte de los procesados se dirigieron a un punto de alta mar, a bordo de una lancha semirrígida, donde se produjo la descarga de los estupefacientes para emprender después el regreso a Borriana. Allí, según la investigación, los esperaban los guardias civiles, que ejercían sus funciones en la Patrulla Fiscal de la Compañía de Borriana, cuya tarea era garantizar el desembarco del cargamento y dificultar su localización a otras patrullas de la Benemérita.

Los agentes niegan todo

De los nueve acusados que tiene este caso, los únicos en negar su implicación en los hechos, durante la primera sesión del juicio, fueron los dos miembros de la fuerza de seguridad. Ambos respondieron únicamente a las preguntas de sus abogados, según informa Europa Press, y aseguraron que ellos sólo hallaron la embarcación y se dedicaron a custodiarla.

Los guardias civiles señalaron que pudieron dar con el bote gracias a que, estando en servicio, escucharon que el Centro Operativo de Servicios (COS) alertaba de la presencia de una lancha cargada de “chocolate” y al hallarla se quedaron junto a ella hasta la llegada del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), que se hizo cargo del asunto. Sin embargo, otro de los acusados -la persona que tripulaba la embarcación- sostuvo al ser interrogado que sus indicaciones eran entrar en el puerto para hacer el trasvase de la droga dado que no iba a tener inconvenientes “porque la Guardia Civil estaba también comprada”.

Asimismo, el jefe del equipo del EODA afirmó que algunas de las cámara del puerto próximas a la zona donde se encontró la lancha de los narcotraficantes no funcionaban, al parecer, por un fallo en un fusible y que en las imágenes de aquellas que sí estaban encendidas se ve cómo uno de los agentes se separa de su compañero para ponerse frente a la zona de la embarcación manipulando su móvil. Además, explicó que los procesados habían desconectado el GPS de sus dispositivos en un momento determinado. De igual manera, destacó que en una intervención telefónica a otros de los acusados se detectó una conversación en el que este le cuenta a su madre que los guardias civiles estaban implicados en el contrabando.

La Fiscalía ha solicitado para los procesados penas que van entre los tras años y medio a los cuatro años y medio por un delito de pertenencia a grupo criminal y dos delitos de tráfico de drogas.