
El mismo día que el Consejo de Ministros aprueba el plan para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, el banco malo creado por el Partido Popular en 2012 para asumir los activos inmobiliarios tóxicos y ayudar a las entidades bancarias a reestructurar el mercado, Alberto Núñez Feijóo ha presentado su plan de vivienda.
En el acto han participado el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, la Consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, dos jóvenes de Nuevas Generaciones y el Presidente del Partido Popular. El encuentro se ha celebrado en una de las terrazas de moda de la capital entre la calle Gran Vía y la Puerta del Sol. Con los cafés a 3,50, Alberto Núñez Feijóo ha hecho publicas las líneas maestras de su plan de vivienda para jóvenes y familias vulnerables.
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Tal y como ya se había hecho público, el Partido Popular propone que el Estado avale el 15% de la fianza del alquiler de un domicilio, o, en caso de compra, el 15% del valor de la casa. Además, ha propuesto un desembolso del Estado de 1.000 euros, para que los jóvenes que accedan a la compra o alquiler de su primera vivienda “puedan hacer frente a los gastos objetivos” derivados de la emancipación. Una propuesta que contrasta con lo pactado en la ley que será aprobada en las próximas semanas. El pacto, al que han llegado el Gobierno y sus socios, establece que tanto el arrendador como el vendedor de una casa deberá asumir los gastos de su alquiler o venta.
En línea con las ayudas económicas, el líder popular propone una ampliación del bono de alquiler joven, una medida “a la que muchos jóvenes han querido acceder pero no han podido”. Desde las filas populares también plantean una tarifa fija a los jóvenes autónomos de 50 euros que estudien y trabajen al mismo tiempo. Siguiendo la senda de la Comunidad de Madrid, Feijóo propone la liberalización del suelo, la construcción de vivienda pública y la posibilidad de rebajar los alquileres de tipo social un 40% con respecto al precio de mercado.
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Como principal novedad, Alberto Núnñez Feijóo ha propuesto un pacto de Estado por la vivienda entre los diferentes niveles de la Administración Pública: Ayuntamiento, Comunidades Autónomas y Gobierno central “para poder desarrollar una política común y dotar de seguridad jurídica a los inversores y propietarios”, ha asegurado.
Muy crítico con la nueva ley de vivienda, el líder de los populares ha marcado diferencias con Sánchez y sus socios, sacando pecho de las bajas cifras de okupación en Madrid y el aumento de las estadísticas en comunidades donde el PSOE gobierna, como en la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, y ha prometido aumentar las penas por okupación y dotar de más recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar que los desalojos se dilaten en el tiempo.
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