El endurecimiento migratorio en Estados Unidos complica el asilo para salvadoreños, según experto

La situación de los salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos se ha vuelto más compleja. Así lo alertó Gilberto Hernández, especialista en migración, durante una entrevista en el programa Diálogo.

El experto analizó el endurecimiento de los criterios migratorios y cómo los argumentos tradicionales, como la inseguridad derivada de las pandillas, han perdido peso ante los jueces estadounidenses.

Hernández sostuvo que ahora “ya no les creen”, pues la percepción internacional es que el problema de las pandillas ha sido erradicado en El Salvador.

Esta nueva postura judicial deja a muchos solicitantes sin una base sólida para justificar su petición de asilo. Según el especialista, “no es fácil convencer a un juez de migración” en el contexto actual, salvo que ocurra un cambio drástico en la política de seguridad nacional.

La falta de credibilidad hacia los argumentos de amenaza ha generado un endurecimiento general de los requisitos y una tendencia a denegar solicitudes, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional.

Implementación del “tercer país seguro” y su impacto

El modelo de “tercer país seguro” ha alterado el proceso de asilo para centenares de salvadoreños. Hernández detalló que, bajo esta política, al menos 444 solicitudes de asilo de salvadoreños están siendo gestionadas para su traslado a Guatemala, Honduras, México y Ecuador. Estas personas deben esperar en esos países la resolución de su caso, en lugar de permanecer en Estados Unidos.

El especialista cuestionó la idoneidad de los países designados, señalando que “no cumplen” con los estándares de seguridad exigidos por la ley estadounidense para ser considerados seguros para los solicitantes. A pesar de ello, los jueces han continuado aplicando esta medida.

Hernández enfatizó que la devolución indirecta de solicitantes a terceros países está expresamente prohibida por el derecho internacional, y sin embargo, es una práctica que sigue vigente y que preocupa a organismos de derechos humanos.

Deportaciones, trato diferenciado y relaciones bilaterales

En el primer trimestre de 2026, Estados Unidos realizó 41 vuelos de deportados a El Salvador, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Fundación Human Rights, citados durante la entrevista. Este flujo representa un aumento del 24 % en vuelos respecto al trimestre anterior y un incremento del 61 % en todo el Triángulo Norte.

Hernández subrayó que, aunque las deportaciones continúan, los salvadoreños reciben un trato relativamente más flexible en comparación con nacionales de otros países de la región. El experto atribuyó este trato a las “buenas relaciones” entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Donald Trump.

La afinidad entre ambos mandatarios, según Hernández, ha permitido ciertas concesiones, aunque advirtió que esto no garantiza protección total ni una política migratoria predecible a largo plazo.

Remesas, volumen y disminución del monto promedio

Las remesas familiares siguen siendo una fuente fundamental para la economía salvadoreña. Solo en el primer trimestre de 2026, el país recibió más de $2.435 millones, lo que representa un crecimiento del 7,3 %. El Banco Central de Reserva estima que estos envíos equivalen aproximadamente al 24 % del PIB nacional.

Sin embargo, Hernández advirtió que, si bien más hogares reciben remesas, el monto promedio ha disminuido. En comparación con el año anterior, el monto total bajó en cerca de $999.987, y el promedio por familia pasó de $184 a una cifra entre $8 y $10 menor. El especialista destacó que quienes más dependen de estos ingresos son las familias con menores recursos, especialmente en áreas rurales.

El experto recordó que en 2025 solo faltaron alrededor de $13 millones para alcanzar los $10 mil millones en remesas anuales, lo que marca un récord histórico.

TPS, retorno y el reto de la dependencia de remesas

La posible prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños es un tema de expectativa nacional. Hernández sostuvo que las buenas relaciones del gobierno salvadoreño con la administración estadounidense aumentan las probabilidades de una extensión del programa.

A pesar de los antecedentes de cancelación para otros países como Nicaragua, Honduras y Haití, el entrevistado consideró que existe una alta probabilidad de renovación. No obstante, advirtió que la decisión depende exclusivamente de la voluntad presidencial y que la simpatía política no es garantía absoluta.

Hernández subrayó la importancia del TPS para los migrantes, al permitirles residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, y sostuvo que su eventual renovación sería un alivio tanto para los beneficiarios como para la economía salvadoreña.

El especialista abordó las políticas destinadas a motivar el retorno voluntario de salvadoreños residentes en el extranjero. Detalló que el Gobierno ha aprobado un decreto que facilita el regreso de quienes desean volver, permitiendo el ingreso de hasta dos vehículos y el menaje de casa exentos de impuestos.

Esta medida, explicó Hernández, busca ofrecer condiciones atractivas para que quienes han construido una vida fuera del país puedan reintegrarse con mayor facilidad y estabilidad económica. Muchos beneficiarios del TPS y otros migrantes expresan interés en regresar y aprovechar estas oportunidades.

El entrevistado consideró que estos incentivos permiten que el retorno no sea percibido como una situación de crisis, sino como una posibilidad de prosperidad en la tierra natal.

El experto valoró positivamente los intentos gubernamentales de incentivar la inversión de remesas en proyectos productivos, aunque reconoció la resistencia de algunos beneficiarios a modificar sus hábitos de consumo. Subrayó que la clave para el desarrollo sostenible es que las remesas dejen de destinarse solo al consumo y se conviertan en motores de crecimiento e inclusión económica.