La Fiscalía General de la República logró que USD 7,087 relacionados con actividades ilícitas fueran transferidos al Estado de El Salvador para reforzar la lucha contra las estructuras criminales. El proceso culminó con la sentencia del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, que puso el dinero a disposición estatal, así informó el organismo en su portal de prensa este martes.
Entre las pruebas presentadas, la Fiscalía incorporó manuscritos que demostraban aportaciones de distintas clicas de maras, utilizadas para financiar delitos vinculados a las pandillas, detalló el fiscal encargado al finalizar la audiencia.
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La incautación de los fondos tuvo lugar el 2 de julio de 2019 en San Salvador, durante un operativo dirigido a Santos Elías Guardado Flores, William Arnoldo Hernández Navidad y José Luis González Villalobos, quienes no pudieron justificar el origen legal del dinero.
El Juzgado de Extinción de Dominio de San Salvador ordenó la transferencia de estos bienes y dispuso la inspección de los activos pertenecientes a tres hijos de Norma Urania de León Escobar. La investigación se originó con un reporte del Ministerio de Justicia, que vinculó a León Escobar con miembros de la MS-13, en particular la clica “Acajutlas Locos Salvatruchos”. Las pruebas presentadas por la FGR demostraron que tanto el dinero como los activos decomisados proceden de actividades ilícitas dirigidas por esta organización criminal.
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Ley avala uso de fondos
En septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) recuperó para el Estado USD 362,883, además de tres inmuebles y un vehículo relacionados con actividades criminales.
El Juzgado de Extinción de Dominio de San Salvador ordenó la transferencia de estos bienes y autorizó la inspección de los activos pertenecientes a tres hijos de Norma Urania de León Escobar.
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La investigación se inició a raíz de un reporte del Ministerio de Justicia, el cual vinculó a León Escobar con miembros de la MS-13, específicamente con la clica Acajutlas Locos Salvatruchos. Las evidencias presentadas por la FGR acreditan que tanto el dinero como los bienes incautados provienen de actividades ilícitas gestionadas por dicha organización criminal. Por tanto, los bienes, armas de fuego, valores y activos incautados sean trasladados por la PNC, documentalmente, al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), que será la instancia competente para emitir acuerdo para la disposición y uso de lo decomisado.
Asimismo, la PNC puede a disposición del CONAB la lista de vehículos que tiene en su custodia con más de un año sin ser reclamados. También se faculta a dicha institución para que proceda a la venta o destrucción de piezas automotrices, medios de transporte o mercancía vencida o deteriorada con más de un año en custodia policial, estén o no a la orden de un juez, ya que el resguardo de estos le representa un costo al Estado.
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En 2019 se le incautaron $3.5 millones a las pandillas, en 2020, fueron decomisados $10 millones producto de la extorsión a los transportistas de las unidades públicas. Esta medida fue introducida y aprobada en el periodo legislativo de 2021 a 2024.
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