La deuda de pensiones de El Salvador superó los 11,241 millones de dólares en 2025

El saldo de la deuda estatal con los fondos de pensiones privados en El Salvador superó los 11,241 millones de dólares en 2025, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) con base en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

El informe del BCR indica que la deuda nacional con los fondos de pensiones pasó de 10.525,96 millones de dólares a finales de 2024 a 11.241,13 millones de dólares en diciembre de 2025, un crecimiento del 6,8 % en un año, impulsado por un aumento de 715,17 millones.

El Gobierno utiliza estos recursos para cubrir los pagos de jubilados del antiguo sistema estatal, suprimido a fines de los años 90. Para obtenerlos, el ISP emite títulos valores que las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) están obligadas a adquirir. Dentro de estas obligaciones, sobresalen los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que suman actualmente 2,846.94 millones de dólares.

A esta cifra se agregan otros 8,394.19 millones de dólares correspondientes a los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), instrumentos que, desde la última reforma a finales de 2022 promovida en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, ya no pagan intereses ni capital.

El dato de la deuda de pensiones cobra más relevancia porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó en 2025 que parte de esos fondos podrían agotarse alrededor de 2027, lo que presionaría al Gobierno a presentar, en las próximas semanas, un nuevo proyecto para modificar el esquema de pensiones salvadoreño.

En el acuerdo que firmó el gobierno de El Salvador con el FMI, en febrero del año pasado, se estableció que en febrero de 2026 debe proponer una nueva reforma previsional. La fecha programada para conocer dicho proyecto de ley es a más tardar el próximo 10 de febrero.

En su advertencia más reciente, el FMI señaló que “los recursos se agotarían alrededor de 2027”, debido a que ya comenzaron a utilizarse fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) para financiar pensiones privadas cuando los jubilados agotan lo ahorrado en sus cuentas individuales. Se trata de “un fondo común para los afiliados de las AFP”, explicó el FMI.

El organismo multilateral calificó de imprescindible una reestructuración profunda del sistema, debido a la reducción de activos líquidos y a que cada vez más jubilados privados dependen del fondo común de garantía solidaria para cobrar sus pensiones.

Según el FMI, alrededor del 89 % de los activos administrados por las AFP —que en 2024 sumaron 14,900 millones de dólares— permanecen invertidos “en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”.

Expertos locales están a la expectativa de la reforma que el Ejecutivo anunciará, ya que por el momento no se han divulgado los detalles oficiales.

Sin embargo, un informe elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero y el FMI advierte que el país arrastra un déficit actuarial neto estimado en el 59% del Producto Interno Bruto (PIB) para el periodo 2024-2070, poniendo en duda la sostenibilidad del esquema actual.

Ante ello, se prevé que la reforma contemple las siguientes claves:

1. Ampliar las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones.
2. Incrementar la densidad de cotización entre los trabajadores.
3. Reducir la dependencia del sistema de pensiones respecto a la deuda estatal.
4. Evaluar incentivos para promover la formalización laboral.
5. Ampliar la cobertura previsional para trabajadores independientes.
6. Revisar la edad de jubilación.
7. Revisar los parámetros de cálculo de las pensiones.